El 12 de octubre de 1999, el entonces primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, denegó el derecho a aterrizar en el país a su jefe del Ejército, el general Pervez Musharraf. Pero éste pisó tierra y en cuestión de minutos llevó a cabo un golpe de Estado incruento. Sharif fue condenado por corrupción, y tras un año en la cárcel llegó supuestamente a un pacto con el poder, pergeñado por Arabia Saudí, por el cual se exiliaba durante 10 años. Pero en agosto, el Tribunal Supremo -cuyo presidente, el juez Chaudhry, fue suspendido por Musharraf aunque luego repuesto por la propia Corte- declaró que Sharif tenía derecho a volver. Y así lo hizo ayer. Pero el régimen de Musharraf, como en una parodia de 1999, le obligó a dar media vuelta y le puso camino de Riad. La decisión de deportar a Sharif le puede volver a enfrentarse con los jueces supremos. EE UU, con una terminología desgraciada que usó tras el intento de golpe en España del 23-F de 1981, lo ha considerado "un asunto interno" paquistaní, pese a que Washington apoya abiertamente a Musharraf, pues es una pieza clave en la estrategia regional de la Administración de Bush.
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