El Gobierno de Enrique Peña Nieto, presidente de México, ha hecho por primera vez una presentación integral de los datos sobre delitos durante su mandato. Esta mañana el secretario de Gobernación (ministro del Interior mexicano) ha ofrecido los datos del periodo que va de diciembre de 2012, cuando Pena Nieto tomó posesión, a marzo de 2013. En comparación con los cuatro últimos meses del Gobierno de Felipe Calderón, según los datos ofrecidos por el secretario, el número de asesinatos “presuntamente relacionados con la delincuencia organizada” en el primer cuatrimestre del nuevo gabinete bajó un 17%, de 5.127 a 4.249 muertos.
Osorio Chong ha definido el plan de seguridad actual como “una estrategia nacional con enfoque regional”, y ha insistido en la importancia que le dan a la coordinación del gobierno federal con los gobiernos estatales. Uno de los flancos más criticados de la estrategia de seguridad del Ejecutivo de Calderón, sexenio en el que hubo más de 60.000 homicidios en el contexto de la llamada guerra contra el narco, fue la falta de entendimiento entre el nivel federal y el nivel estatal. Ahora el Gobierno de Peña Nieto enarbola la unidad intergubernamental en la lucha contra la delincuencia organizada. Osorio Chong ha precisado que en el nuevo plan de seguridad la estrategia se dividirá en cinco regiones, y que una vez al mes habrá una reunión in situ en cada región entre los responsables nacionales y los responsables estatales del plan.
El proyecto bandera del nuevo ejecutivo es la Gendarmería, un nuevo cuerpo de seguridad que está en creación pero cuya función sigue sin definirse más de cuatro meses después de que Peña Nieto se hiciese cargo del poder. En la rueda de prensa Osorio Chong ha afirmado que el Gobierno tiene “muy claro para qué va a servir” la Gendarmería y ha avanzado que próximamente lo explicarán en detalle. El secretario ha asegurado que el nuevo cuerpo policial entrará en funcionamiento este año.
Osorio Chong ha advertido de que el Gobierno no presenta sus primeros números con una actitud “triunfalista”. Dijo que se trata solo de un “balance” y de un ejercicio de transparencia que da la pauta de la política de claridad informativa que el Gobierno quiere aplicar en lo que toca a los datos sobre criminalidad, un asunto muy controvertido durante la legislatura de Calderón. El secretario, lejos de echar las campanas al vuelo con sus datos, avisó de que nadie debería extrañarse si en lo sucesivo los números del delito vuelven a elevarse o incluso si todavía bajan más. Osorio Chong pidió públicamente un plazo de un año para poder hacer una primera evaluación sólida del efecto que pueda tener la política seguridad del gabinete de Peña Nieto, un margen de tiempo, un voto de confianza que el propio presidente solicitó recientemente.
El secretario también ha incidido en la importancia que le da el nuevo gobierno a la prevención de la violencia. Osorio Chong explicó que están desarrollando un esquema de prevención “transversal que atacará los factores de riesgo que generan conductas antisociales”. En ese marco el secretario reiteró la necesidad de que la estructura federal de gobierno se coordine con regularidad con las estructuras estatales. “Los resultados que se han logrado hasta hoy se deben al trabajo en equipo”, abundó la mano derecha de Peña Nieto en seguridad, el ámbito que más preocupa a los mexicanos después de seis años sangrientos y del que dependerá en gran medida el éxito del nuevo ejecutivo.
En respuesta a una pregunta de este diario, el número uno de la Secretaria de Gobernación dio su valoración sobre el hecho de que la oficina regional anti-crimen de la ONU no pise Tamaulipas, un violento Estado del noreste de México, porque no puede garantizar la seguridad de sus trabajadores. Osorio Chong se limitó a reconocer la “complicada” situación de esa zona, donde se baten a muerte por el control del territorio, clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, el cartel del Golfo y el cartel de Los Zetas. El secretario solo añadió que Tamaulipas es uno de los “objetivos” de la política de seguridad del Gobierno.
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