Tras más de seis meses de incertidumbre, el Gobierno de Evo Morales firmó finalmente los acuerdos de renovación de los contratos con las petroleras extranjeras que explotan el crudo y el gas de Bolivia, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF. Lo que se conoce de los acuerdos da pie a algunas certidumbres y varias dudas. Las empresas, incluida la políticamente poderosa brasileña Petrobras, aceptan implícitamente en los nuevos contratos, firmados a un plazo de 20 y 30 años, el decreto de nacionalización de los hidrocarburos de Morales, que otorga el control sobre los recursos energéticos a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); y se pliegan a la exigencia de pagar en impuestos hasta el 82% del valor de los productos que comercialicen asociados con YPFB. Como hasta ahora venían pagando aproximadamente el 52%, es evidente que Morales ha conseguido una mejora espectacular de sus ingresos -unos 1.000 millones de dólares este año y cantidades en aumento hasta los 4.000 millones de dólares a partir de 2010- y un triunfo político que podrá explotar.
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