No cabe alegrarse sin más por la condena muerte por la matanza de 148 chiíes en la aldea de Dujail en 1982, decidida ayer por un tribunal especial iraquí contra el ex dictador Sadam Husein debido, entre otras muchas razones, a las irregularidades procesales y la politización de un juicio que ha durado un año. También han sido condenados a la pena capital su hermanastro y ex jefe de los servicios de inteligencia y el ex presidente del Tribunal Revolucionario. No se trata para nada de cuestionar la gravedad de los hechos y de que Sadam y sus colaboradores no paguen por ellos, pero sí que deriven en la pena de muerte, de nuevo vigente en Irak tras la promulgación de la Constitución. Ojalá que el fallo, recurrido por sus abogados y recibido con gritos y protestas por el derrocado mandatario, no dé pie a un baño de sangre acentuando más si cabe la violencia.
Ésta era una de la docena de causas que Sadam tenía pendientes sobre presuntos crímenes de genocidio desde el golpe de Estado de 1968 hasta su caída en marzo de 2003 tras la ocupación militar de EE UU. El pasado agosto se inició la vista por la matanza en el Kurdistán de más de 180.000 personas en 1988, que también adolece de la misma falta de garantías procesales que la del caso Dujail. En el transcurso de este proceso, tres de los abogados de la defensa fueron asesinados y tres de los jueces tuvieron que ser reemplazados, lo cual da idea de las condiciones de excepcionalidad que lo rodearon y de la escasa limpieza y transparencia habidas. Mucho más justo habría sido, incluso para honrar la memoria de las víctimas, que Sadam hubiera sido juzgado por un tribunal especial internacional, evidentemente distinto al de la Corte Penal Internacional que ni EE UU ni Irak reconocen.
Ésta era una de la docena de causas que Sadam tenía pendientes sobre presuntos crímenes de genocidio desde el golpe de Estado de 1968 hasta su caída en marzo de 2003 tras la ocupación militar de EE UU. El pasado agosto se inició la vista por la matanza en el Kurdistán de más de 180.000 personas en 1988, que también adolece de la misma falta de garantías procesales que la del caso Dujail. En el transcurso de este proceso, tres de los abogados de la defensa fueron asesinados y tres de los jueces tuvieron que ser reemplazados, lo cual da idea de las condiciones de excepcionalidad que lo rodearon y de la escasa limpieza y transparencia habidas. Mucho más justo habría sido, incluso para honrar la memoria de las víctimas, que Sadam hubiera sido juzgado por un tribunal especial internacional, evidentemente distinto al de la Corte Penal Internacional que ni EE UU ni Irak reconocen.
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