El gobierno mexicano declaró ayer el estado de alerta y desplegó un fuerte operativo de seguridad en puntos estratégicos tras el anuncio, por parte de un grupo guerrillero, de que perpetró en los últimos días una serie de ataques contra ductos de la empresa estatal petrolera. El hasta ayer subestimado Ejército Popular Revolucionario (EPR, marxista) señaló en un comunicado haber colocado ocho cargas de explosivos en dos ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), que fueron detonadas anteayer y el jueves pasado y que obligaron a por lo menos 12 empresas a reducir sus operaciones por falta de combustible. La reivindicación del EPR causó sorpresa y desconcierto en México, ya que en un primer momento se pensó que los estallidos en los ductos habían sido accidentales. Sin embargo, el EPR declaró que todas las explosiones fueron perpetradas para exigir la liberación de dos de sus miembros detenidos durante las protestas del año pasado en el estado de Oaxaca.
Además, el grupo guerrillero advirtió que decidió iniciar una "campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo", en alusión al presidente Felipe Calderón, que asumió el pasado 1° de diciembre tras unas disputadas elecciones. En consonancia con el comunicado del EPR, la Procuraduría General de México declaró que, según los resultados de sus propias investigaciones, los estallidos "fueron provocados intencionalmente". Sin embargo, al cierre de esta edición, aún no habían confirmado la autenticidad del comunicado emitido por el grupo guerrillero.
La Procuraduría General añadió que las investigaciones continúan para determinar si las explosiones "provinieron en realidad del grupo armado que se las atribuye" y si "sus comunicados" son ciertos. Además, la Procuraduría General negó que dos supuestos guerrilleros del EPR estén privados de libertad, tal como sostiene el grupo guerrillero. "No están detenidos ni sujetos a proceso penal alguno", informó.
Tras el inesperado giro que provocó la irrupción del EPR en el asunto, las autoridades mexicanas no demoraron en condenar los ataques guerrilleros y movilizaron a cerca de 20.000 soldados, marinos y policías federales para proteger los ductos del país y otros puntos estratégicos. "El gobierno mexicano condena categóricamente los ataques contra las instalaciones de Pemex", afirmó un comunicado oficial.
Además, el grupo guerrillero advirtió que decidió iniciar una "campaña nacional de hostigamiento contra los intereses de la oligarquía y de este gobierno ilegítimo", en alusión al presidente Felipe Calderón, que asumió el pasado 1° de diciembre tras unas disputadas elecciones. En consonancia con el comunicado del EPR, la Procuraduría General de México declaró que, según los resultados de sus propias investigaciones, los estallidos "fueron provocados intencionalmente". Sin embargo, al cierre de esta edición, aún no habían confirmado la autenticidad del comunicado emitido por el grupo guerrillero.
La Procuraduría General añadió que las investigaciones continúan para determinar si las explosiones "provinieron en realidad del grupo armado que se las atribuye" y si "sus comunicados" son ciertos. Además, la Procuraduría General negó que dos supuestos guerrilleros del EPR estén privados de libertad, tal como sostiene el grupo guerrillero. "No están detenidos ni sujetos a proceso penal alguno", informó.
Tras el inesperado giro que provocó la irrupción del EPR en el asunto, las autoridades mexicanas no demoraron en condenar los ataques guerrilleros y movilizaron a cerca de 20.000 soldados, marinos y policías federales para proteger los ductos del país y otros puntos estratégicos. "El gobierno mexicano condena categóricamente los ataques contra las instalaciones de Pemex", afirmó un comunicado oficial.
Continue leyendo el artículo del diario La Nación de Buenos Aires
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