La pugna entre el ejecutivo y una mayoría opositora en el Congreso, causada por la convocatoria a una consulta popular que decida la instalación de una asamblea constituyente, subió de tono con amenazas, desacreditaciones mutuas y decisiones que podrían agudizar el conflicto. La mayoría opositora, con el voto de 51 de 75 diputados presentes, inició ayer el trámite para que el Congreso debata alguna de las reformas a la constitución, que el presidente Rafael Correa busca se realicen a través de la asamblea constituyente. ''La intención de esto es demorar el tratamiento de la consulta, diluirlo en reformas constitucionales y a lo mejor decir después de tres o cuatro meses que ya la consulta no hace falta'', se quejó el diputado Jimmy Jairala en una rueda de prensa conjunta con otros legisladores que apoyan la constituyente.
Correa defiende su derecho de convocar a un referendo y sostiene que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe ''acatar'' un decreto que emitió para viabilizar su iniciativa. Las fuerzas políticas opositoras argumentan la necesidad de una aprobación previa de parte del Congreso. El TSE envió el martes al parlamento para su conocimiento la propuesta del régimen, tras la irrupción violenta de manifestantes partidarios de la asamblea al edificio del tribunal electoral. Ahora el decreto presidencial, al que el gobierno añadió el martes algunos cambios, como incrementar de 87 a 130 el número de asambleístas y requisitos para los candidatos, está en manos de una comisión del Congreso que deberá estudiar la propuesta y emitir un informe en un plazo sin establecer.
El presidente del Congreso, Jorge Cevallos, denunció ``el irrespeto a la institucionalidad del Estado ecuatoriano que está viviendo en los últimos días y con mayor fuerza en las últimas horas''. ''El presidente Rafael Correa está sumiendo al país en el caos con su iniciativa'', aseguró y acusó al mandatario de querer instaurar en el país ``un modelo totalitario''. El ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, reconoció que ''hay una situación de tensión'', pero dijo que ``se pueden resolver esos temas con mesura, sin que se llegue a los extremos (del martes)''. En declaraciones al canal 4 de televisión, el funcionario negó que la decisión del TSE de enviar la propuesta del gobierno al Congreso sea una derrota política para el régimen y explicó que el tribunal ``puede hacer las consultas que tenga pertinente hacer pero que la resolución final será la convocatoria a la consulta popular''.
Correa, que asumió el poder el 15 de enero, promovió la asamblea constituyente desde su campaña como un mecanismo para realizar cambios profundos en la Constitución. Defiende su iniciativa con el respaldo que obtuvo en su contundente victoria electoral. Dirigentes de organizaciones sociales y sindicales convocaron a la ciudadanía a salir a las calles para respaldar la asamblea constituyente.
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