No sólo los motivos que precipitaron la renuncia de Felisa Miceli tienen características sin precedente en la Argentina y poco comunes en el resto del mundo. También se puede decir otro tanto de la forma en que la ministra de Economía desempeñó esa función durante los 19 meses que permaneció en el cargo. A lo largo de la historia, el Palacio de Hacienda fue ocupado por superministros que concentraron todo el poder mientras tuvieron el apoyo de la Casa Rosada, o bien por técnicos que se dedicaron a darles consistencia macroeconómica a las decisiones políticas de cada presidente. En el caso de Felisa Miceli no ocurrió ni lo uno ni lo otro. Este es el principal dato para tener en cuenta en los meses que restan hasta el cambio de gobierno, junto con otro aún más relevante: todas y cada una de las decisiones dependen pura y exclusivamente del presidente Néstor Kirchner, quien desde hace tiempo subordinó la economía a las necesidades electorales del oficialismo. Si se parte de esta base, es válido suponer que poco y nada es lo que habrá de cambiar de aquí al 10 de diciembre, cuando asuma el gobierno que surja de las elecciones de octubre. La economía se ha manejado directamente desde la Casa Rosada y es muy probable que siga como está, con sus aciertos y errores.
En este marco, la salida de Miceli resulta casi irrelevante. Los ejes de la política económica seguirán siendo los mismos que hasta ahora. Para asegurar un triunfo del oficialismo el 28 de octubre, el Gobierno decidió acelerar a fondo la demanda interna (con aumentos de salarios y jubilaciones, la creación de 1,2 millones de nuevos haberes jubilatorios mediante la moratoria previsional, tasas de interés negativas, fuerte expansión del crédito para consumo, suba del mínimo no imponible a partir del cual se paga el impuesto a las ganancias de las personas, etc.) y camuflar las presiones inflacionarias mediante la falsificación del índice de precios al consumidor.
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