Durante los últimos dos años, las autoridades de la eurozona han insistido en que la desintegración de la moneda única era impensable. Ahora en cambio, no solo es concebible, sino que se considera una posibilidad real. A menos que los griegos voten a favor de un Gobierno dispuesto y capaz de cumplir sus compromisos, la eurozona dejará de enviar sus fondos de rescate, lo que desencadenaría en una serie de acontecimientos que provocarían una salida del euro.
Algunos altos cargos de la eurozona dan por descontado que acabará produciéndose este resultado. Muchos se mostraron reacios a dispensar a Grecia un segundo paquete de ayudas, y casi nadie parece dispuesto a negociar un tercero. El reto ahora es garantizar que una salida de Grecia no provoque una desintegración de todo el eurobloque, lo que tendría consecuencias desconocidas, y probablemente catastróficas. Lo más preocupante, según reconocen algunos altos cargos europeos en privado, es que no se ha diseñado ningún plan de contingencia.
Además, las acciones drásticas necesarias para contener el efecto contagio que podría hundir a España e Italia tendrían consecuencias tan trascendentales para las relaciones entre los estados miembros que difícilmente podrían adoptarse en un momento tan delicado. Nadie cree que los actuales fondos de rescate— con un límite de 700.000 millones de euros—sean, ni de lejos, suficientes para impresionar a los mercados, por lo que la respuesta decisiva a la crisis recaerá sobre el Banco Central Europeo.
Para evitar una posible retirada masiva de depósitos de los bancos europeos sería necesario ofrecer un nivel de liquidez ilimitado y, dado que muchos bancos ya andan escasos de activos de garantía, la operación entrañaría muchos riesgos. Eso expondría al BCE y, por extensión, a los contribuyentes europeos, a un riesgo crediticio.
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