La Constitución de Morales divide a Bolivia al incluir la tradición indígena

“Refundar Bolivia” es la promesa con la que Evo Morales asumió la presidencia del país en enero de 2006 y la Constitución —cuyo índice fue aprobado sin leerlo y a mano alzada por 136 diputados de 255, el pasado domingo en Sucre— es la piedra angular de su proyecto. Según el presidente boliviano se trata de corregir la situación de postergación de los indígenas, que suman el 60% de la población del país, iniciada con la llegada española en 1535. Según la oposición, se trata de un proyecto utópico de límites difusos que servirá de justificación para un régimen totalitario.

Evo Morales en un mitin- REUTERS


La Constitución que Morales quiere sacar adelante con el 50,7% de los votos parte del rechazo a toda la legislación básica elaborada en Bolivia a partir de la independencia en 1825. Por ello la primera batalla que dio el primer presidente indígena en la historia del país fue dotar a la Asamblea constituyente de carácter “originario”, es decir, como si fuera la primera vez que Bolivia es independiente y elaborara sus propias leyes. Sobre esta base y con una concepción indigenista de la historia —que supone una relación especial con la tierra, la importancia de la comunidad y la vuelta al pasado— el Movimiento al Socialismo (MAS) pretende sacar adelante un texto fundamentado en tres pilares rechazados de plano por la otra mitad del país. La incorporación de sistemas de elaboración de leyes y control político reflejo de las tradiciones indígenas, la puesta en pie de un sistema de justicia que, en teoría, coexistirá con la justicia derivada de la tradición occidental, y una nueva organización territorial de Bolivia.

Protesta contra el presidente boliviano- REUTERS




Los cargos electos podrán por tanto ser revocados si las asambleas populares así lo deciden, como ya sucede en las comunidades indígenas. El problema es quién, cómo y cuándo convoca dichas asambleas, quién las forma, qué motivos son necesarios para que actúe y contra qué cargos puede expresarse. Morales ha declarado que serán los “movimientos sociales” los legitimados para establecer este control político y que “hasta el presidente” podrá ser destituido por este sistema, pero la oposición le acusa de querer perpetuarse en el poder y de haber introducido un artículo que consagra la reelección indefinida. De la misma forma la “justicia indígena” que reconoce el nuevo texto constitucional pone en pie de igualdad a los sistemas indígenas con la justicia de corte occidental. Sus detractores señalan que ya de por sí establece dos categorías diferentes de ciudadanos según éstos acudan a una u otra. En la primera están contemplados y legitimados los castigos físicos en algunos casos, no existe jurisprudencia codificada y es anterior a la Declaración universal de los Derechos del Hombre. Un problema no menor es qué sucede si ambos sistemas entran en colisión. Si uno puede revocar las decisiones del otro y qué sucede cuando una parte litigante quiere ampararse en un sistema y su oponente en el otro.

La posesión de la tierra y su organización es la tercera pata sobre la que descansa el proyecto del presidente boliviano. El texto consagra una gran reforma agraria que beneficia a las comunidades indígenas que pasan a disponer colectivamente de los títulos de propiedad. También se refiere a la propiedad colectiva de los recursos naturales y los medios de producción. En paralelo apela a la descentralización y cambia la organización territorial del país, quitando peso a los nueve departamentos existentes tras la independencia y reconociendo delimitaciones que responden, en teoría, a demarcaciones precolombinas. La oposición señala que no existe documentación histórica que avale dicha partición y que la propuesta trata de mermar fuerza a los departamentos existentes, los más prósperos, y los que se oponen al proyecto indigenista del presidente. Mientras, una cuarta persona murió ayer en Sucre a causa de los disturbios que comenzaron el sábado por la decisión del Gobierno de aprobar el proyecto constitucional. También hay al menos 130 heridos, algunos muy graves. A pesar de la protesta, Morales mantiene su proyecto constitucional aprobado “violando todas las leyes”, según el ex vicepresidente Víctor Cárdenas, indigenista de centro izquierda. “Creo que esa decisión ha parcializado el reconocimiento de la nueva constitución, porque no representa al país, sino al partido de gobierno y sus aliados”, agregó. “Pensar que con violencia se puede aprobar la constitución es una ilusión y un autoengaño”.

Fuente: Diario El País de España

Más de 70 policías heridos y grandes destrozos en el segundo día de violencia en París

La batalla urbana se prolongó durante seis horas en una avenida despejada de Villiers-le-Bel (al norte de París). 100 vándalos y 160 antidisturbios bregaron hasta la una de la madrugada mientras los vecinos de la villa asistían al espectáculo desde sus casas con la luz apagada. Era fácil bastante reconocer el tráfico a de cócteles molotov y de artilugios incendiarios. También podía advertirse que algunos guerrilleros disparaban con carabinas de aire comprimido. Así se entiende que el balance de la segunda noche de disturbios se eleve a 77 policías heridos y 60 vehículos incendiados, aunque los daños más graves tienen un efecto contraproducente y anárquico, puesto que los salvajes prendieron fuego a la Biblioteca municipal, arrasaron dos colegios y rociaron de gasolina un par de edificios administrativos.

Nada que ver con la justicia ni con la discriminación. De hecho, los vecinos de Villiers-le-Bel, primeros damnificados por la revuelta, se han encontrado esta mañana con los negocios saqueados, las vitrinas rotas, los semáforos destruidos y el espectáculo de los coches carbonizados. La periferia o 'banlieue' de la capital francesa corre el riesgo de incendiarse tal como sucedió en el otoño de 2005 [Vea las imágenes]. Sobre todo porque la batalla entre "guerrilleros" y antidisturbios declarada desde el domingo en la localidad de Villiers-le-Bel se ha extendido contagiosamente a otras cinco localidades vecinas. Los ultras quieren vengar a su manera la muerte de dos menores de edad que colisionaron a bordo de una moto contra un coche de policía. Las primeras investigaciones atribuyen la responsabilidad del accidente a los fallecidos, de 15 y 16 años, aunque los vecinos más radicales de Villiers-le Bel sostienen que la policía se desentendió de socorrerlos.

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Seis regiones van al paro y

Seis de las nueve regiones de Bolivia, las opositoras al Gobierno, anunciaron ayer en Santa Cruz un paro de 24 horas —a realizarse este miércoles— en contra del presidente Evo Morales, en protesta por la confrontación sucedida el fin de semana en Sucre y por la forma como fue aprobado el texto constitucional. La comunidad internacional también manifestó su preocupación por los hechos de violencia y pidió mantener la calma. La ONU (Organización de Naciones Unidas), la OEA (Organización de Estados Americanos), la UE (Unión Europea) y los gobiernos de España y Brasil exhortaron el respeto a los principios democráticos y pidieron paz y diálogo.

En la capital cruceña, el paro de 24 horas fue decidido por el Comité Nacional Democrático (Conalde), que agrupa a autoridades regionales y cívicas de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba. En Pando, el paro será de 48 horas y empezará hoy, debido a que en este departamento ya se había determinado la medida para este martes. Las determinaciones del Conalde están contenidas en una “Proclama a la Patria”. La protesta es por la nueva Constitución aprobada el fin de semana en el Liceo Militar de Sucre, que derivó en una confrontación, donde tres personas perdieron la vida y desapareció un policía. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic, dijo que no permitirán la aprobación de la nueva Constitución ni tampoco que el Gobierno toque un solo peso de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). “Debemos hacer un sacrificio este miércoles, acatando el paro para demostrarle al Gobierno que no estamos de acuerdo con su manera de proceder y la forma en que gobierna, imponiendo sus leyes”, afirmó el cívico.

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La crisis hipotecaria afectará a las áreas urbanas

Los alcaldes del país temen que el aumento significativo de los préstamos hipotecarios en mora y la baja del precio de las viviendas afectará con fuerza el desarrollo económico en numerosas áreas metropolitanas del país. La Florida, uno de los estados que más se benefició del auge del mercado inmobiliario, recibirá un duro golpe, con una baja de $80,000 en el valor de las propiedades, que le costará a los gobiernos estatal y locales aproximadamente $836 millones en ingresos por concepto de impuestos, según un nuevo pronóstico económico de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos. Pero cuando se clasifican las regiones por el grado de desarrollo económico perdido, la Florida se mantiene relativamente bien, probablemente debido al fuerte crecimiento en materia de turismo y comercio internacional ayuda a compensar el bajón inmobiliario. La entidad estatal de turismo informó ayer que la cifra de visitantes a la Florida este verano aumentó casi 5 por ciento con comparación con el año pasado.

JOHN VanBEEKUM / The Miami Herald
VISTA AEREA de las construcciones en el downtown de Miami. Un informe estadístico de la Asociación de Alcaldes proyecta que la crisis inmobiliaria y de créditos afectará con fuerza los ingresos por concepto de impuestos de los gobiernos locales en todo el país.


Los condados Miami-Dade y Broward ocuparon el lugar 111 en la lista de 361 áreas y se espera que la economía de ambos condados crezca 2.2 por ciento el próximo año, un baja en comparación con el auge de los años recientes, pero un ritmo respetable. Los alcaldes, que comenzarán a reunirse en Detroit hoy, esperan llamar la atención a los múltiples problemas que bgenera la baja en los precios de la vivienda, una cifra calculada en 1.4 millones de ejecuciones hipotecarias y el ajuste pendiente de millones de hipotecas con interés variable. Richard J. Kaplan, alcalde de Lauderhill y quien viajó a Detroit, dijo que hay varias formas en que los gobiernos locales pueden ayudar a restar fuerza al golpe del mercado inmobiliario.

Por otra parte, el impacto del mercado inmobiliario sobre la economía en general se ha debatido ampliamente. Aunque los aspectos principales del informe ya eran hechos conocidos, los alcaldes personalizaron la información al detallar las áreas metropolitanas que se espera vean su Producto Interno Bruto decaer a medida que se agrava el caos inmobiliario. Las ciudades con las mayores pérdidas porcentuales son Myrtle Beach, Carolina del Sur, las ciudades californianas de Merced, Madera y Napa, y Sarasota-Bradenton, en Florida. En términos de dólares, se espera que Nueva York, Los Angeles y el área metropolitana de Dallas sufran más. Se proyecta que varias zonas metropolitanas no deben dejar de crecer debido a la crisis; por lo general son zonas que no experimentaron un auge inmobiliario, como Akron, Ohio; Baton Rouge, Luisiana, y Charleston, Virginia Occidental.

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El azufre de Chávez

Hugo Chávez le ha dado otra vuelta de tuerca a su manipulación del incidente con el Rey al anunciar que "congela" las relaciones con España hasta que el monarca "se disculpe". Realmente no está nada claro qué significa "congelar", aunque de momento no parezca que implique medida concreta alguna. Las descalificaciones por parte de Chávez al Rey han ido creciendo desde aquel sonoro "¿por qué no te callas?" de Don Juan Carlos en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile. Mientras esta escalada verbal no se traduzca en hechos, hace bien el Gobierno español en no echar más leña a un fuego que sólo aprovecharía al demagogo tribuno. Chávez calificó de diabólico a Bush en las Naciones Unidas y no por eso Washington llamó a su embajador a consultas. Pero el arte de la gestión diplomática debe llevar a buscar una respuesta proporcionada que a la vez defienda posiciones, frene la escalada y evite que aumente la tensión.
Venezuela no es uno de los cuatro países latinoamericanos con los que España tiene acuerdos de asociación estratégica. Sí hay intereses económicos en juego, pero la diplomacia española debe defender antes algunos valores.

Como era previsible, Chávez está utilizando el incidente para fines internos y personales: como reclamo nacionalista para sacar adelante el referéndum del 2 de diciembre sobre la nueva Constitución, que se ha confeccionado a medida. A la vez, ha aumentado su aislamiento en América Latina. Incluso sus más próximos, como Daniel Ortega, Rafael Correa o Evo Morales, se han negado a seguirle en esta línea de confrontación verbal con España. La última ruptura ha sido con el presidente colombiano, Álvaro Uribe, que se ha negado a que Chávez hiciera de mediador con las FARC, lo que le resta otro elemento de imagen e influencia.

El hecho de que vivan en Venezuela unos 700.000 españoles hace que el Gobierno español deba estar especialmente vigilante. Además, España debe defender en lo posible que la democracia venezolana no siga retrocediendo. En la cumbre se suscitó también el papel de las empresas españolas en Venezuela. Hay intereses legítimos que defender, incluyendo el de los 600 trabajadores de los astilleros gaditanos que tienen el encargo de construir ocho fragatas para Venezuela en el plazo de seis años. Son contratos firmados. Si Venezuela los incumpliera se situaría del otro lado de la legalidad perjudicando gravemente su imagen e inversiones futuras. Deben cesar las diatribas de Chávez contra las empresas españolas a las que acusa de expolio. Sus amenazas e insinuaciones puede que sean sólo "una manera de hablar", como quiere creer el Gobierno español. Chávez va, sin embargo, mucho más allá de la retórica cuando plantea un frente en la OPEP o con el iraní Ahmadineyad. Sería irresponsable considerarlo un mero exceso retórico.

Fuente: Editorial del Diario El País de España

BOLIVIA: Una turba apedrea a varios medios

El Presidente ratificó ayer su proyecto político mediante la aprobación "contra viento y marea" de la nueva Constitución Grupo Líder y Agencias Las amenazas constantes contra los medios de comunicación y los periodistas de parte del Gobierno y los movimientos aliados al Movimiento Al Socialismo (MAS) ayer se tradujeron en hechos. Un grupo de unas 60 personas irrumpió ayer, alrededor las 19:15, contra tres canales de televisión (Unitel, ATB y PAT) y dos radioemisoras (Fides y Panamericana), destrozaron los vidrios de sus instalaciones a pedradas y exigieron su cierre. Las agresiones se produjeron después de que varios oradores, en una manifestación en favor del presidente Evo Morales y encabezada por el propio mandatario, acusaran a los medios de comunicación de la violencia que causó tres muertos y 300 heridos durante el fin de semana en Sucre. Estos hechos se suman a la creciente violencia y confrontación que se ha impuesto en el país en los últimos días a causa de la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado y la creación de la Renta Dignidad para las personas de la tercera edad con recursos del IDH, correspondiente a las nueve prefecturas del país.

Partidarios del gobierno de Evo Morales ingresan en marcha a la plaza Murillo de La Paz, portando cachorros de dinamita, ayer. Abi


Tras los violentos enfrentamientos de Sucre que dejaron tres víctimas mortales y una cuarta no confirmada, de un policía, la confrontación gobierno-oposición se radicalizó ayer con la determinación de acciones de presión. Los movimientos sociales afines al Gobierno, tras una marcha multitudinaria concluyó con un mitin en la plaza Murillo de La Paz, advirtieron con discursos radicales a los grupos opositores a no hacer frente a los cambios encaminados por el presidente Morales. A través de otra manifestación multitudinaria, convocada por el Comité pro Santa Cruz, rechazaron el proyecto de Constitución aprobada por el MAS en el Liceo Militar de Sucre, se solidarizaron con Sucre y responsabilizaron a Evo Morales por los muertos y heridos en los enfrentamientos de la Capital de la República. En horas de la mañana, los líderes políticos y cívicos opositores de seis de los nueve departamentos del país reunidos en Santa Cruz, convocaron a una huelga para el miércoles próximo en desconocimiento al nuevo texto constitucional y retaron al presidente Evo Morales, para someterse a un referéndum revocatorio.

Asimismo, acusaron al Gobierno de buscar el totalitarismo en el país. A pesar del rechazo de los dirigentes de seis departamentos, el presidente Morales, ratificó ayer su proyecto político mediante la aprobación "contra viento y marea" de la nueva Constitución que generó fatales enfrentamientos en Sucre donde ya suman cuatro los muertos. "Los vendepatrias no pasarán, eso he aprendido ahora, y tienen razón los vendepatrias no pasarán", dijo el Jefe de Estado ante la multitud concentrada en la plaza Murillo tras su marcha de protesta desde Caracollo a la sede de gobierno contra el Senado que modificó los proyectos de ley promovidos por el Ejecutivo, como la Renta Dignidad.

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BOLIVIA: Tiempo de pacificar

La paz y la tranquilidad deben restablecerse tras las violentas jornadas que mancharon de sangre y luto a la ciudad de Sucre, Capital de la República. Esa debe ser la prioridad en la hora presente, en momentos en que Chuquisaca y el país en su conjunto lloran la muerte de al menos dos ciudadanos bolivianos, y las heridas, muchas de ellas de gravedad, sufridas por más de un centenar de personas, sean de la población civil o de efectivos de la Policía Nacional. No nos hemos cansado de señalar, desde este mismo espacio editorial, que la crisis de la Capitalidad y la negligencia con que, sobre este particular, han obrado las autoridades concernidas, del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Constituyente, podían derivar en escenarios de insospechadas consecuencias. Y eso es, precisamente, lo que ha sucedido en los últimos días.

La ruptura unilateral del acuerdo suscrito con Chuquisaca por parte del Gobierno, la decisión de trasladar las deliberaciones constituyentes a un recinto militar, el traslado de miles de campesinos y vecinos de la ciudad de El Alto, y la feroz represión desatada contra la población sucrense, han provocado momentos de desenfrenada violencia nunca antes vistos en la ciudad de Sucre. La furia y la sed de venganza de la población se reflejaron en los lamentables destrozos y saqueos de los recintos policiales de la ciudad de Sucre y en la persecución sin cuartel de efectivos policiales, los mismos que tuvieron que replegar sus tropas y abandonar la ciudad por la incontrolable situación vivida en la Capital.

Ayer, en momentos de luto y violencia, el Ministro de la Presidencia convocó al país a "celebrar" la aprobación del proyecto de nueva Constitución Política del Estado. Mas tarde, en un mensaje televisado, el Presidente de la República se limitó a lamentar lo sucedido, a felicitar a las organizaciones sociales trasladadas hasta Sucre, a aplaudir el trabajo de los constituyentes del oficialismo y, finalmente, a pedir una investigación sobre las muertes acaecidas en Sucre, no sin antes hacer un tardío llamado a la paz social. Pero no sólo eso. El Primer Mandatario insistió en descalificar la movilización capitalina, que sólo exigía la reposición en el debate constituyente del tema de la sede de los poderes del Estado, vinculándola a intereses cruceños. Lo sucedido en la Capital no puede merecer tanta indiferencia y desprecio de parte de las autoridades gubernamentales, más aún cuando la prensa nacional e internacional, así como los propios dignatarios desplazados hasta el lugar del conflicto, pudieron constatar que la movilización se desbordó a extremos tales que la población -madres, niños, padres de familia, jóvenes e inclusive ancianos, de todas las condiciones y clases sociales- salió a resistir la represión y protestar por la sesión de la Asamblea en un recinto militar.

Ha quedado claro, en todo este conflicto, que el oficialismo ha defendido y obedecido los intereses y mandatos del departamento de La Paz, su principal bastión electoral. Pero aún así, la gravedad de los sucesos de las últimas horas no pueden menos que merecer un mínimo de consideración de parte del Gobierno, que en vez de convocar a celebraciones y expresiones de alegría, tendría que al menos apiadarse por el dolor que aflige a los habitantes capitalinos, cuyas vidas tienen tanto valor como las vidas de cualquier ciudadano boliviano. Por eso, independientemente de posiciones políticas irreductibles, nuestros gobernantes y dirigentes tendrían que empeñar sus máximos esfuerzos en restituir la paz social y en evitar el desencadenamiento de nuevos escenarios de violencia.

Fuente: Editorial del diario Los Tiempos de Cochabamba, Bolivia