Brufau acusa a Argentina de impulsar una campaña de hostigamiento para expropiar YPF "a precio de saldo"

El presidente de Repsol, Antoni Brufau, ha acusado este martes al Gobierno de Argentina de haber llevado a cabo una campaña de "hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas y planificadas" para provocar el derrumbe del precio de las acciones de YPF y facilitar así suexpropiación "a precio de saldo".

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, en la rueda de prensa hoy, en Madrid. Chema Moya | EFE

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• Tags: Economía

En una rueda de prensa que ha despertado gran expectación, Brufau ha calificado la decisión del Gobierno argentino de acto "absolutamenteilegítimo e injustificable desde el punto de vista jurídico" y ha advertido a Cristina Fernández de Kircher de que sus actos "no quedarán impunes". Así, ha anunciado que recurrirá al arbitraje internacional para exigir compensaciones y que tomará todo tipo de acciones legales, incluidas "medidas individuales o de clase, demandas civiles, mercantiles y constitucionales".

En este sentido, Repsol reclama a Argentina una "pronta compensación" por la expropiación. Una compensación que Brufau ha cifrado en al menos10.500 millones de dólares (8.000 euros) que es lo que valen, ha dicho, las acciones que la petrolera española tiene en YPF, filial que a su vez vale 18.300 millones de dólares (14.000 millones de euros). "Todos los estados tiene derecho a expropiar, pero a pagar también el precio justo", ha reclamado el directivo. Así, ha reclamado a Kircher que formula una oferta pública de adquisición de acciones a la que le "obliga la ley y los estatutos de YPF", ha añadido.

Brufau ha denunciado el "trato discriminatorio" a la petrolera española, ya que la expropiación solo afecta a YPF y no a ninguna otra compañía de hidrocarburos y, dentro de YPF, solo a Repsol y no al resto de los accionistas. Asimismo ha cuestionado el argumento dado por Kirchner de que la expropiación responde a criterios de utilidad pública.

INTERESES DEL GOBIERNO DE KIRCHNER

Para el presidente de Repsol, el descubrimiento del yacimiento de Vaca Muerta, uno de los más importantes de los últimos años, está en el centro del interés del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por controlar YPF. Aunque, en su opinión, también es "una forma de tapar la crisis social y económica que afronta Argentina".

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Los republicanos bloquean en el Senado la aprobación de la «tasa Buffett»

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El presidente Obama quiere que los ricos paguen más para ayudar a la recuperación económica

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El impuesto es una de las medidas estrella del presidente estadounidense,Barack Obama, para financiar el plan de estímulo que pretende poner en marcha con el fin de generar más empleo y superardefinitivamente la crisis. El nombre obedece al artífice de la idea, el multimillonario Warren Buffett, quien públicamente reconoció quepagaba menos impuestos que su secretaria y propuso aumentar la recaudación fiscal de las rentas más altas para ayudar a la recuperación económica.

La «tasa Buffett» es una de las medidas que muestra el contraste de la política fiscal de demócratas y republicanos que, previsiblemente, se irá acentuando de cara a las elecciones presidenciales del próximo 6 de noviembre. Los seguidores de Obama en las filas demócratasproponen una subida de impuestos para las clases altas que ayude a reducir el déficit y haga más equitativo el sistema fiscal. «Creo que es un mensaje importante que Washington debe mandar a la clase media», dijo el senador demócrata Sheldon Whitehouse, informa Reuters.

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YPF: la confesión de un fracaso

La intervención de YPF por el Estado nacional y el anuncio del proyecto de ley tendiente a imponer la confiscación del 51 por ciento de su patrimonio constituyen un nuevo avance sobre el sector privado de un gobierno que ha demostrado cabalmente su incapacidad para operar empresas comerciales.

Es, además, una fiel demostración del fracaso de la política en materia energética de los gobiernos kirchneristas, caracterizada por una clara falta de rumbo, evidenciada en la fuerte caída de la producción de gas y petróleo y en la pérdida del autoabastecimiento.

Hasta antes de las últimas elecciones presidenciales, la crisis energética no existía en el libreto oficial. Era apenas un invento de la prensa o una muestra de los intentos destituyentes de ciertos sectores críticos del Gobierno, de acuerdo con el relato gubernamental.

Sin embargo, la crisis era inocultable. Durante el año último, a título de simple muestra, la producción de petróleo crudo sólo alcanzó los 29,8 millones de metros cúbicos, cuando en 2003, año en que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, había sido de 43 millones de metros cúbicos.

La Argentina concluyó el año pasado con un déficit energético cercano a los 4000 millones de dólares, con exportaciones que cayeron en una cuarta parte e importaciones que crecieron más del 50 por ciento. Una situación que dista mucho de la de 2006, cuando el país podía ostentar un superávit comercial de combustibles y energía cercano a los 6000 millones de dólares, casi la mitad del saldo positivo de la balanza comercial total.

Como hemos señalado en esta columna editorial un mes atrás, la Argentina estuvo alegremente importando energía a precios internacionales con el propósito de satisfacer la demanda doméstica, mientras los precios locales, regulados, no tenían relación alguna con los costos de producción y distribución ni con el costo de las importaciones.

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Cristina envía al Congreso el proyecto para expropiar el 51% de YPF y ordena su inmediata intervención

A través de una cadena nacional, el Gobierno anunció hoy formalmente el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% de YPF, a un precio que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación y en el marco de la declaración de “interés público y nacional” al “autoabastecimiento de hidrocarburos”. El total a expropiar pertenece a la española Repsol.

El proyecto lleva por título “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. En lo esencial, tiene varios puntos de contacto con el texto que había trascendido la semana pasada y que ya era analizado por legisladores oficialistas, aunque éste incorpora los reclamos de las provincias productoras de hidrocarburos.

El primer artículo del proyecto, de un total de 19 y que hoy mismo será enviado al Parlamento, declara “de interés publico nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y “la explotación, industrialización, trasnporte y comercialización de hidrocarburos”.

Ese marco es el que permite la parte más sustancial del proyecto: la declaración de “utilidad pública y sujeto a expropiación” del 51% de YPF Sociedad Anónima. Esas acciones, especifica el proyecto, se repartirán entre el Estado Nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI) de modo tal que el Estado nacional tendrá el 26,01% del total y las provincias productoras, el 24,99% (con, respectivamente, el 51% y el 49% del 51% que sería expropiado).

El texto establece, además, que el 51% a expropiar estará “representado por igual porcentaje de las acciones Clase D pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima” (es decir que, por lo menos según está planteado, no expropian las acciones que tiene la familia Eskenazy a través del Grupo Petersen ni las de los accionistas que compraron los títulos en la bolsa); que el ejercicio de los derechos accionarios de las provincias, además, se realizará “en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”, y que “se encuentra prohibida la transferencia posterior de tales acciones (las expropiadas) sin la autorización del Congreso de la Nación”.

El proyecto que tratará el Congreso Nacional fija también la “remoción de los directores y síndicos titulares y suplentes” y estipula que “la designación de los directores se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa”.

Si se aprueba la ley –algo previsible dada la mayoría legislativa del oficialismo- el Estado pasará a controlar el 51% de la petrolera –la mayor empresa del país-. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfatizó que “no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad Anónima y el de una conducción profesionalizada”.

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Cristina decidió la expropiación de YPF

La presidenta Cristina Kirchner decidió enviar un proyecto de ley al Congreso para expropiar el 51% del patrimonio de YPF correspondiente a la española Repsol, quien actualmente controla la mayoría del paquete accionario junto al grupo empresario argentino de la familia Eskenazi.

La iniciativa tiene previsto que, de las acciones expropiadas, el 51 por ciento quede en poder del Estado nacional y el 49 por ciento restante en las provincias productoras de hidrocarburos. Además, declara "de interés público nacional" a la actividad de hidrocarburos del territorio de la República Argentina.

El proyecto, denominado "Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina", sostiene que "el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos". "El modelo elegido para el futuro de YPF no es de estatización sino de recuperación de la soberanía y control de los hidrocarburos", manifestó hoy Cristina Kirchner en cadena nacional.

La presidenta designó como interventores de la empresa petrolera al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al viceministro de Economía, Axel Kicillof.

El iniciativa del Gobierno, que espera la sanción del Congreso, propone, además de la expropiación de casi la totalidad de las acciones en manos de la española Repsol, la remoción de los actuales de los directores y de los síndicos, titulares y suplentes de la petrolera.

La iniciativa, presentada en un acto en la Casa Rosada, se aclara que YPF seguirá funcionando en "sociedad anónima abierta" y se remarcó que la expropiación se realiza bajo el justificativo de "interés público" de la riqueza hidrocarburífera del territorio nacional.

A partir de que la propuesta se convierta en ley, el 51% de las acciones expropiadas pasarán a manos del Estado nacional, mientras el restante quedará bajo la administración de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI), que integran las provincias con producción petrolera. Es decir que la Nación controlará el 26,01% del total y las provincias productoras, el 24,99%.

La valoración de la compañía será efectuada por el tribunal de tasaciones, agrega el texto, que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos" y la "continuidad operativa".

También el proyecto indica que en caso de que otro gobierno futuro quiera volver a privatizar las acciones hoy expropiadas, deberá contar con una mayoría especial de dos tercios del Congreso.

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El Gobierno de España da por rota la amistad con Argentina y prepara represalias

"La decisión que el día de hoy ha tomado el Gobierno argentino de nacionalizar la mayor parte de las acciones de YPF [propiedad] de Repsol, es una decisión hostil contra Repsol, por tanto, contra una empresa española, y por tanto contra España y el Gobierno de España". Así de tajante se ha mostrado el ministro de Industria, José Manuel Soria, en sus declaraciones tras el gabinete de crisis gubernamental organizado en el Ministerio de Exteriores, tras el anuncio del Gobierno argentino, que nacionalizará el 51% de las acciones de la filial de la petrolera.

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha advertido además de que las decisiones de intervenir y nacionalizar la compañía petrolera YPF "rompen el clima de cordialidad y amistad entre Argentina y España". El Gobierno, ha asegurado, tomará medidas claras y contundentes en los próximos días".

Según García-Margallo, el Gobierno ha pedido que "por vía de urgencia se discuta esta medida en el pleno que tiene lugar en Estrasburgo". Una medida que ha calificado de "extraordinariamente lesiva y arbitraria", no solo para España, sino también para el pueblo argentino. "Quiebra el clima de confianza necesario para atraer las inversiones. Es una pésima decisión para España, para Argentina y una malísima noticia para la seguridad jurídica que debe regir en los negocios".

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La prima de riesgo toca los 440 puntos en una semana decisiva para España

La presión sobre el mercado español continúa. La prima de riesgo de España, medida por el diferencial entre el interés del bono español a diez años y el alemán del mismo plazo, ha iniciado la jornada con la misma inercia de la semana pasada y ha tocado los 440 puntos básicos en la apertura del mercado, frente a los 424 en que inició la jornada. La rentabilidad de los bonos alemán y español siguen caminos divergentes. Mientras la primera caía esta mañana hasta el 1,72%, su menor nivel desde el 10 de abril (sigue acercándose al mínimo histórico que marcó en septiembre en 1,636%), el rendimiento del bono español supera el 6%, peligrosamente cerca de los niveles que en el pasado reciente precipitaron los rescates de Irlanda, Portugal y Grecia.

Tras una apertura a la baja, el Ibex llegaba a ganar casi un 1% para después volver a retroceder por debajo de su nivel inicial.

Toda la atención se centra en la agenda del ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, que tiene previsto mantener hoy en París un encuentro con inversores. Mañana se reunirá con el presidente el Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, para luego viajar a Washington a la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Además, el Tesoro tiene previsto colocar mañana letras a 12 y 18 meses y, el jueves, bonos a dos y diez años. El mercado sigue afectado por el dato conocido la semana pasada, que muestra que la financiación del BCE a los bancos españoles aumentó casi en un 50% en marzo, hasta su máximo nivel. La dependencia de las entidades españolas de las intervenciones del emisor de la moneda única demuestran su vulnerabilidad. Las declaraciones realizadas el pasado viernes por del secretario de Comercio español, Jaime García-Legaz, reclamando más compras de bonos españoles por parte del BCE contribuyeron a ahondar ese sentimiento.

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