El Congreso es hoy un fortín custodiado por policías y parapetado por vallas. Hasta 1.300 antidisturbios están movilizados para aislar la Cámara de la protesta que a partir de las 18.00 horas espera concentrar a miles de personas al otro lado del perímetro de seguridad mientras los diputados están reunidos en pleno. La convocatoria llama a rodear pacíficamente la zona para
"rescatar" la democracia del "secuestro" de los políticos y conseguir la disolución de las Cortes para elaborar una nueva Constitución.
La Policía Nacional mantiene cortados desde esta mañana los accesos al Congreso de los Diputados, así como el tráfico de vehículos en la Carrera de San Jerónimo y calles colindantes. Un gran número de efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos antidisturbios, se han desplegado en la zona, desde la glorieta de Atocha, pasando por Neptuno, Cibeles y en las inmediaciones de la Puerta del Sol. Decenas de furgones se encuentran apostados en puntos estratégicos y un doble vallado de seguridad blinda las calles cercanas.
La Carrera de San Jerónimo se encuentra cortada al tráfico y solo se deja transitar a los conductores que acreditan tener plaza de garaje en el perímetro de seguridad, así como a diputados, funcionarios y demás trabajadores del Congreso. Los viandantes también son identificados si quieren acceder a la zona acotada por el dispositivo de seguridad. Algunos peatones deben enseñar el interior de sus bolsos o mochilas. A pesar de estas fuertes medidas de seguridad, la actividad en el interior de la Cámara ha comenzado con aparente normalidad, con varias comisiones en marcha.

La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes,
ha autorizado la manifestación a cierta distancia del Congreso ya que la ley prohíbe expresamente que haya movilizaciones a las puertas cuando los parlamentarios están reunidos. Con ese artículo 494 del Código Penal en la mano, Cifuentes ha advertido de que cualquier intento de superar el perímetro se topará con la Policía, que "va a actuar en consecuencia para que se cumpla la legalidad". Un intento de romper el perímetro podría ser considerado como un delito de contra las instituciones del Estado, por el que ya están
imputadas ocho personas por la convocatoria, aunque la defensa ha alegado la autorización de la marcha para levantar esa
acusación.
Los convocantes -la Coordinadora 25-S y la Plataforma ¡En pie!- han subrayado que se trata de una protesta pacífica que "no pretende ni entrar en el Congreso ni interrumpir por la fuerza". Así, subrayan su intención de llevar la "resistencia no violenta" hasta el perímetro policial, sin pasar de ahí. Sin embargo, las autoridades desconfían y han cerrado a cal y canto los aledaños, en un blindaje disuasorio para evitar cualquier amago o intentona de acercar la protesta más allá y que tendría una repercusión mediática internacional inmediata.
A diferencia de otras manifestaciones contra los recortes y las consecuencias sociales de la crisis, la convocatoria del 25-S se centra directamente en los políticos, a quienes se acusa de tener "secuestrada la democracia". Por ello, exige en primer lugar "la dimisión de este Gobierno" y, después, el inicio de un proceso paraelaborar una nueva Constitución.