Divididos en torno al futuro de la industria petrolera de su país, bolivianos de todos los sectores sociales darán esta tarde los primeros pasos en la búsqueda de un consenso para evitar que la crisis que sacude al gobierno de Carlos Mesa derive en una ola de violencia. Será en una "cumbre social nacional" a la que convocaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDHB) y la Defensoría del Pueblo de Bolivia, con apoyo de la Iglesia.La idea es unir a la oposición, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, empresarios y al propio presidente Mesa, quien todavía no confirmó su presencia pese a su insistencia en la necesidad de un diálogo entre toda la población.
El primer tema en la lista de prioridades es la futura Ley de Hidrocarburos. Más concretamente, cuánto deben pagar al Estado boliviano las petroleras extranjeras que operan en este país. Este es el centro de la pelea entre Morales, que exige un 50% de regalías, y el gobierno, que habla de mantener el 18% de regalías que se pagan ahora, y crear impuestos por 32% sobre la producción de hidrocarburos.
El resultado de esta cumbre será clave para decidir si mañana, martes, se trata en la Cámara de Diputados el punto más conflictivo de la Ley de Hidrocarburos o si se posterga hasta que se llegue a un consenso entre el gobierno y la oposición. Así lo deslizó el viceministro de Coordinación Gubernamental, Carlos Agreda, a radio Panamericana de La Paz, y lo confirmó Llorenti a esta enviada. Pero para Morales, esto significa "seguir postergando la ley". Y reiteró la advertencia de "radicalizar las protestas".Mientras ayer el ritmo en La Paz era de tranquilidad, algunas rutas seguían bloqueadas por campesinos que apoyan a Morales, sobre todo en la zona del Chapare, en Cochabamba. El gobierno espera un acuerdo para que se levanten los piquetes, antes de iniciar acciones legales. Hoy se verá si es realmente posible el diálogo que proponen tanto Mesa como Morales desde hace una semana.
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