" AGITACIÓN EN BOLIVIA" Análisis sobre la debilitada situación del Presidente Mesa

Luego que el Congreso y la Corte Suprema de Justicia se restaran de participar en la Cumbre Nacional convocada por el Presidente de Bolivia Carlos Mesa. La pregunta es: ¿Cómo queda el escenario político en el país altiplánico?

Delicado. Complejo, y un Presidente totalmente debilitado. Bolivia está viviendo dos tipos de enfrentamientos: primero el del poder ejecutivo contra el poder legislativo, y el de los grupos sociales contra la clase política en su conjunto. La demorar en promulgar Ley de Hidrocarburos recientemente aprobada en el Congreso, el rechazo al texto tal cual como quedó es una demostración de las pugnas entre los poderes del Estado y el anuncio de marchas a partir del lunes una nueva muestra del malestar social por el manejo del país. La tensión entre el Presidente Mesa y el Congreso ha llegado a los niveles de recriminarse mutuamente por la peligrosa situación de efervescencia político social que atraviesa Bolivia. El Gobierno atacó al Parlamento y dijo que los legisladores no quieren ir al diálogo nacional, ante lo cual decidió suspender el Encuentro Nacional por la Unidad. A su vez los partidos políticos responden que no hubo una conversación previa con el Gobierno para acordar conjuntamente abordar una agenda más amplia que la de los cuatros puntos de Mesa: Ley de Hidrocarburos y determinación de las fechas para la elección de prefectos, referéndum autonómico y elecciones para constituyentes. Los congresistas entendieron que habían sido emplazados públicamente a tratar materias que son de su exclusiva competencia como aprobar o rechazar estas iniciativas que requieren debate parlamentario. A ese panorama se sumó ayer un atentado a la petrolera Petrobrás, que el propio ministro de Gobierno, Saúl Lara, calificó como “acto terrorista”. Las autoridades están abocadas a establecer quién o que tipo de organización está detrás de este acto de violencia llevado a cabo en Santa Cruz. El hecho fue acompañado por un video en el que encapuchados se atribuyen el atentado y dan al Gobierno un plazo de 15 días para “nacionalizar todos los hidrocarburos”. Es decir todo bien planificado. A ello debe sumarse el dato que el lunes comenzarán movilizaciones de sectores sociales que se preparan para exigir lo mismo. En el fondo hay grupos que usarán la calle o la violencia para alcanzar el objetivo de nacionalizar el petróleo y el gas. A la tensión que provocaron esos hechos se sumó la decisión de los sectores sociales de continuar con sus medidas para exigir que se defina una posición sobre la Ley de Hidrocarburos y otros temas de interés nacional. El cuadro político revela una crisis político-social que está por estallar con una consecuencias insospechadas y no se ve la voluntad política de los responsables políticos de asumir el rol de atender el bien común y detener a tiempo una situación que puede afectar la estabilidad institucional de Bolivia.