Rolando Morales Anaya, Doctor en econometría, escribe este interesante artículo en el diario La Razón de Bolivia, cuya lectura recomiendo:
El descontento sobre la Ley de Hidrocarburos es total. En este artículo, sólo quiero referirme a aspectos que aún no han sido abordados. El primero es el impacto sobre el Tesoro General de la Nación (TGN); el segundo es el impacto sobre el precio interno de los hidrocarburos, y el tercero se refiere al uso que deberían dar las regiones a las importantes sumas que la Ley pone en sus manos. Las primeras estimaciones del efecto sobre el TGN de la Ley de Hidrocarburos arrojan una pérdida de por lo menos 60 millones de dólares anuales. Esta situación puede durar unos cinco años aproximadamente, pudiéndose esperar que poco a poco esta cantidad disminuya hasta reponer los ingresos que recibía el TGN antes de esta ley. Para financiar el déficit suplementario del TGN será necesario endeudar aún más al Estado boliviano. Al parecer ni los señores parlamentarios ni el Gobierno se dieron cuenta del problema que han generado. Fue grave también la actitud de muchas instituciones, incluyendo a los municipios, universidades, pueblos indígenas, Fuerzas Armadas y Policía que sin vergüenza alguna se pusieron a roer el erario público. Recae también sobre el TGN el pago del Bonosol (más o menos 90 millones de dólares anuales). En estas circunstancias se esfuman las esperanzas del pueblo boliviano de financiar su desarrollo con la renta del gas. Parlamentarios, Gobierno y otras instituciones se han aplazado, estando a punto de causar un grave daño a Bolivia.
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