El Clarín de Buenos Aires, trae este interesante artículo sobre la situación de escándalos que sacude al gobierno del Presidente Lula.
Entre la bronca y la estupefacción, legisladores, políticos y periodistas asistieron ayer a un desnudo político. Frente al Consejo de Etica parlamentaria, el diputado Roberto Jefferson describió de un modo casi brutal la historia de sobornos que tiene como protagonistas al gobierno centroizquierdista de Lula da Silva y al propio Congreso. De entrada, y mirando a los ojos a algunos de sus colegas, mencionó seis personajes que recibían 12.500 dólares mensuales por disciplinarse a la cúpula gubernamental. Entre ellos, hay dos nombres notables: el obispo Rodrígues (se lo conoce así), un pastor de la Iglesia Universal que es además legislador por el Partido Liberal. Otro es el titular de esa agrupación, Valdemar Costa Neto. El propio Jefferson demostró que él no es un santo en esta historia de denuncias de corrupción. Admitió haber recibido 4 millones de reales, que equivalen a 1,5 millón de dólares, de manos del tesorero del Partido de los Trabajadores, Delubio Soares. Esa plata, dijo el legislador, fue a financiar a los candidatos a intendentes de su partido, el Laborista de Brasil (PTB). Lo triste del caso es que el PT no pidió ni dio recibo por esa plata, una "operación" que no quedó legalmente registrada. "Este dinero no fue contabilizado en las cuentas partidarias ni rendidas ante la Justicia Electoral", admitió. Es un delito porque el propio denunciante puede ser incriminado. Decidido a revolver la llaga con la punta de un cuchillo, Jefferson fue más allá. Dijo que esa financiación ilegal (por no ser declarada) tenía fuentes reconocidas: empresas privadas vinculadas a las licitaciones de las compañías estatales. Siempre mirando a sus colegas, con un gesto de desafío que tenía algo de locura, Jefferson dijo: "Todo el mundo sabe de esa relación entre empresas privadas y gobierno. En las campañas electorales, todos los partidos reciben dinero de estas empresas: nadie se diferencia en esto".
Entre la bronca y la estupefacción, legisladores, políticos y periodistas asistieron ayer a un desnudo político. Frente al Consejo de Etica parlamentaria, el diputado Roberto Jefferson describió de un modo casi brutal la historia de sobornos que tiene como protagonistas al gobierno centroizquierdista de Lula da Silva y al propio Congreso. De entrada, y mirando a los ojos a algunos de sus colegas, mencionó seis personajes que recibían 12.500 dólares mensuales por disciplinarse a la cúpula gubernamental. Entre ellos, hay dos nombres notables: el obispo Rodrígues (se lo conoce así), un pastor de la Iglesia Universal que es además legislador por el Partido Liberal. Otro es el titular de esa agrupación, Valdemar Costa Neto. El propio Jefferson demostró que él no es un santo en esta historia de denuncias de corrupción. Admitió haber recibido 4 millones de reales, que equivalen a 1,5 millón de dólares, de manos del tesorero del Partido de los Trabajadores, Delubio Soares. Esa plata, dijo el legislador, fue a financiar a los candidatos a intendentes de su partido, el Laborista de Brasil (PTB). Lo triste del caso es que el PT no pidió ni dio recibo por esa plata, una "operación" que no quedó legalmente registrada. "Este dinero no fue contabilizado en las cuentas partidarias ni rendidas ante la Justicia Electoral", admitió. Es un delito porque el propio denunciante puede ser incriminado. Decidido a revolver la llaga con la punta de un cuchillo, Jefferson fue más allá. Dijo que esa financiación ilegal (por no ser declarada) tenía fuentes reconocidas: empresas privadas vinculadas a las licitaciones de las compañías estatales. Siempre mirando a sus colegas, con un gesto de desafío que tenía algo de locura, Jefferson dijo: "Todo el mundo sabe de esa relación entre empresas privadas y gobierno. En las campañas electorales, todos los partidos reciben dinero de estas empresas: nadie se diferencia en esto".
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