Sigue la purga de funcionarios de Lula y se agrava la crisis

El tesorero del Partido de los Trabajadores, Delubio Soares, se convirtió ayer en el tercer blanco de las denuncias de pago de sobornos a legisladores, que generaron la peor crisis del gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. Horas antes había renunciado Silvio Pereira, secretario general del PT, y en junio, José Dirceu, jefe de gabinete y mano derecha del primer mandatario.Las complicaciones se dan además en medio de versiones y presiones. Uno de los partidos de oposición, el socialdemócrata del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, negó que estuviera pactando un acuerdo de gobernabilidad con el gobierno que implicaría frenar las investigaciones, y el diario Folha de San Pablo, habitualmente vocero de grupos económicos paulistas, ayer comentó que si hoy Lula tuviera que decidir si va por la reelección en 2006 su respuesta sería negativa y quizá se volcara por proponer como candidato al ministro de Finanzas, Antonio Palocci. El PSDB de Cardoso pidió que Lula desista de postularse a la reelección."Nunca transgredí los principios éticos de la práctica política y una prueba elocuente de eso es mi reducido patrimonio", dijo ayer Soares al renunciar. El, como Pereira y Dirceu, dimitieron tras las denuncias del diputado del laborismo brasileño Roberto Jefferson sobre compra de voluntades (a 12.000 dólares por cabeza) en el Congreso, en hechos que dos comisiones legislativas están investigando.Según Soares, se va del gobierno "para ponerse a disposición de la Comisión Parlamentaria de Investigación y del quiebre del secreto bancario, fiscal y telefónico". A Soares lo acusan de haber actuado en sociedad con el publicista Marcos Valerio, señalado como repartidor del dinero.El rol de Valerio, garante de créditos para el PT en los inicios del gobierno de Lula, también fue referido ayer como dato nuevo por José Borba, un líder de Diputados del PMDB, el mayor partido brasileño, que tiene algunos ministros en el gobierno encabezado por el PT. Según Borba, Valerio no sólo manejó dinero sospechoso sino que también negociaba cargos públicos con el gobierno de Lula.En ese contexto, el gobierno decidió que la Policía Federal investigue a todos los dirigentes del PT acusados de participar en actos de corrupción, informó el ministro de Justicia brasileño, Márcio Thomaz Bastos. Más allá fue un grupo de veinte dirigentes y diputados de todo el país del ala izquierda del PT, que reclamaron a Lula —quien hoy viaja a la cumbre del Grupo de los 8— que el partido sea conducido por un liderazgo con "autoridad moral" y "más capacidad de gestión, antes que fiscal", del gobierno, hasta las internas partidarias de setiembre de este año. También demandaron apurar la salida —anunciada pero no concretada aún— del titular del Banco Central, Henrique Meirelles, ex presidente del BankBoston e investigado por evasión fiscal, y del ministro de Previsión, Romeo Jucá.El reclamo contra el ajuste permanente en Brasil sale al cruce de la intención del presidente Lula de presentar próximamente a empresarios y dirigentes políticos el nuevo plan de "déficit cero" que le acercó el viejo economista conservador Delfim Neto, uno de los ex ministros de la dictadura militar.Se trata, según trascendió, de un severo ajuste presupuestario que llega hasta 2008 con el objetivo de controlar la inflación y dejar de lado la política de alza de tasa de interés que llevó adelante Meirelles.Antes de viajar a Escocia, Lula daba nuevas puntadas a su próximo anuncio de recambio de ministros, negociado con el PMDB y en especial con el ex presidente José Sarney. Será un intento de relanzar su gobierno y proponer una "agenda positiva" como la del nuevo objetivo fiscal con el plan "déficit cero".