ELECCIONES EN BOLIVIA A PUNTO DE NAUFRAGAR POR DESACUERDOS POLITICOS

La retirada de los diputados de otros dos departamentos de la Cámara Baja del Parlamento boliviano por diferencias acerca de una obligada redistribución de escaños puso hoy en duda la celebración de las elecciones el 4 de diciembre. La decisión de los diputados del Beni y Oruro de retirarse de la Cámara Baja, como lo hicieron en los pasados días los de Santa Cruz y Cochabamba, dejó al Parlamento casi sin opciones de aprobar una ley de redistribución de escaños para dar paso a las elecciones. La presidenta de la Cámara de Diputados, Norah Soruco, resolvió la suspensión de las sesiones hasta mañana, viernes, cuando se cumple el plazo definitivo otorgado por la Corte Nacional Electoral para contar con un nuevo mapa de circunscripciones y poder iniciar el proceso de impresión de papeletas. La reasignación de las diputaciones por razones demográficas fue ordenada el pasado 22 de septiembre por el Tribunal Constitucional y desde entonces hay un enfrentamiento entre los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, que piden aumentar su representación, y los de Potosí, Oruro y La Paz, que no aceptan una reducción. Beni declaró hoy su solidaridad con Santa Cruz y Cochabamba y decidió no asistir a las sesiones del Congreso si los debates continúan sin esas dos regiones "a las que no quiere clavar un puñal en la espalda", dijo el diputado Moisés Shiriqui. Aunque el Congreso se reunirá el viernes otra vez, la atención se centra ahora en el presidente Eduardo Rodríguez, cuyo proyecto de ley para solucionar el problema no fue considerado por los diputados como él esperaba. Versiones del Ejecutivo han apuntado la posibilidad de que el mandatario emita en las próximas horas un decreto supremo para fijar el mapa electoral y asegurar la votación de diciembre, ante la inminencia del plazo fatal comunicado por la Corte Electoral. El gobernante propuso asignar dos diputados más a Santa Cruz a costa de disminuir uno a Oruro y otro Potosí, y mantener la representación de La Paz y Cochabamba, pero la propuesta ni siquiera fue tratada en el Congreso. Tras la renuncia de Carlos Mesa en medio de protestas sociales, Rodríguez fue elegido presidente transitorio el pasado 9 de junio para convocar a elecciones generales y debe entregar el mando a su sucesor el 22 de enero. El presidente ha advertido que si se aplazan los comicios, puede producirse un vacío de poder porque su mandato después de esa fecha sería inconstitucional. Los líderes regionales de Santa Cruz, que reclaman la asignación de cuatro escaños para esa región, están a la espera de conocer la decisión final del Congreso o del Ejecutivo sobre el tema, antes de evaluar una respuesta en un cabildo ciudadano. En una asamblea celebrada en la víspera, además de las habituales proclamas en favor de la autonomía del departamento, se oyeron pedidos aislados de independencia y reclamos para que todos los candidatos de la región en los partidos nacionales renuncien a sus postulaciones si no consiguen su objetivo. Los favoritos para ganar las elecciones, el líder socialista Evo Morales y el ex presidente Jorge Quiroga (2001-2002), se acusaron hoy mutuamente, en sendas ruedas de prensa, de impedir la resolución del conflicto. Morales sostuvo que Quiroga tiene una alianza con el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) "para boicotear las elecciones nacionales y atentar contra la democracia", ante el ascenso en las encuestas de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS). "Si lograran por cualquier medio postergar las elecciones, sólo van a postergar su derrota porque a este movimiento patriótico y a sus candidatos y candidatas nadie los para", dijo. Quiroga rechazó la denuncia de Morales sobre su supuesta vinculación con Sánchez de Lozada, pero coincidió en que algunos seguidores del ex mandatario tratan el problema de los escaños "con desidia y postergándolo". Además, advirtió sobre las "imprevisibles consecuencias" que supondría para el país no tener un gobierno electo al que Rodríguez entregue el mando en enero, cuando debe terminar su gestión constitucional.