Para todos ha sido un hecho inesperado la presencia del prófugo Fujimori en Santiago. Debe haber sido muy intensa la evaluación de este destino. Pero todo indica que no lo suficiente, porque lo que aparecía como una osadía política ha terminado estallándole en el rostro. Hoy Fujimori está detenido. Si bien los antecedentes de las decisiones emitidas por las instancias judiciales chilenas en los casos Borobio y Calmell, adversos al Perú, y el conocimiento de la existencia de disposiciones legales que impedían la captura del prófugo a pesar de la existencia de la orden de captura internacional, deben haber sido dos de los elementos que pesaron para su presencia en Santiago. Definitivamente, no estuvo en su cálculo político la ejemplar e inmediata reacción de la Corte Suprema de Justicia chilena para disponer su detención y su internamiento en un centro policial. El intento de taparse el rostro con las manos cuando era conducido por la policía chilena es la mayor expresión de que las cosas se le habían puesto realmente negras y que había perdido el control de la situación. Ante ello el Estado Peruano ha solicitado la expulsión del prófugo, la misma que si bien no ha sido admitida por Chile, consideramos que debe ser una alternativa que no se debe desestimar. Lo que sí ha sido activado inmediatamente es el procedimiento de extradición por los casos de violaciones contra los derechos humanos (La Cantuta y Barrios Altos) y el caso del pago de la millonaria CTS de su socio Montesinos. En el primero estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, que a nuestro entender son los que definirán la situación legal del prófugo. Hoy, más que nunca, resulta conveniente hacer una evaluación de lo que ha sido la estrategia judicial y política del prófugo, porque la situación nos indica que el viaje a Chile ha tenido como su principal objetivo generar el máximo de tensión y crisis en los escenarios tanto político como judicial del Perú. Podemos identificar las siguientes etapas de su estrategia: al inicio de los procesos judiciales Fujimori decidió no presentarse ni siquiera por intermedio de un abogado defensor. Luego ejecutó un cambio de domicilio con el objetivo de que no se le notifique regularmente las causas abiertas en su contra. Posteriormente, denunció ser objetivo de una "persecución política" por parte de jueces y fiscales. Y, más recientemente, demandó nada menos que la nulidad de cuatro procesos judiciales (las violaciones de derechos humanos, el 'chuponeo' telefónico, el Caso Faisal y la compra de maquinarias chinas) argumentando una supuesta indefensión del prófugo en estos procesos. Es decir, que primero despliega una estrategia obstruccionista, típica de los prófugos de la justicia, y luego contrata a un exclusivo estudio de abogados de Lima y dice que no le han permitido defenderse. Ese es el juego que el prófugo ha desarrollado en estos últimos años a nivel judicial y que seguramente seguirá desplegando en este procedimiento de extradición en Chile. Al igual que su socio Montesinos y el mismo Abimael Guzmán, pretende sacar el máximo provecho de los resquicios legales para presentarse como una víctima del sistema judicial. Por eso, más allá de que haya sufrido un evidente revés legal y político, el Estado Peruano no solo tiene que poner mucha atención a cada uno de los pasos que Fujimori intente, más aun si este será tal vez el primer proceso de extradición ante la Corte Suprema chilena con las reglas del nuevo Código Procesal Penal de ese país, sino que además debe desarrollar una intervención legal ordenada e impecable.
Carlos Rivera Paz. Abogado del Instituto de Defensa Legal . Escrito en el Diario El Comercio de Lima.


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