Ahora que empieza a calentarse la campaña electoral, debemos advertir sobre el gravísimo riesgo anunciado por algunos de que el narcotráfico pueda infiltrar los partidos para favorecer sus protervos objetivos. La amenaza es latente. El Perú es uno de los mayores productores mundiales de coca y, luego de la arremetida que ha significado el Plan Colombia, pretende ser copado por algunos cárteles que quisieran aquí un corrupto narco-Estado. Para ello no dudan en apoyar a movimientos cocaleros y a los sicarios terroristas para asegurar su permanencia en determinadas zonas. Por lo demás, luego de que se denunciara los nexos del sentenciado Fernando Zevallos con encumbrados estamentos judiciales y políticos, convendremos en que el problema no es ni nuevo ni nimio. Los partidos en campaña son,pues, blanco apetecible de oscuros intereses, que cuentan además con fondos inimaginables con los que creen poder comprar casi cualquier cosa. ¿Qué hacer ante esta preocupante realidad? De antemano, llama la atención el desconcierto de algunos líderes partidarios, que reconocen la carencia de mecanismos para impedir que estos fondos sucios se cuelen en sus estructuras financieras. En cuanto a la Ley de Partidos Políticos ha estrenado una serie de instrumentos que deben ser afinados y publicitados. Adicionalmente, está la obligación de entregar a la ONPE sus listas de contribuyentes, que esta entidad debe fiscalizar y publicar. Pero los partidos pueden y deben facilitar las cosas aun más. Sin ir más lejos, cuentan con los mismos bancos de datos (Infocorp, Sunat, SBS, etc.) a los que recurren los privados para averiguar con quién van a contratar. De lo que se trata, finalmente, es de tener voluntad para asegurar un financiamiento claro y legal. Todos estos criterios deben ser también evaluados por el ciudadano a la hora de votar. En tanto, la prensa independiente estará atenta al seguimiento de este tema vital para la democracia.
Editorial que trae hoy el diario El Comercio de Lima
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