El Gobierno anunció ayer que buscará el control de las 10 empresas capitalizadas, ya sea a través de la compra de acciones o de “decisiones políticas” que obliguen a los accionistas a negociar. “El Estado boliviano tiene voluntad política de tomar decisiones, eso es lo fundamental. Se compra o en su defecto se toman otras decisiones, pero Bolivia tiene que ejercer su derecho propietario en el 51 por ciento”, precisó el ministro de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas, luego de participar en el seminario ´Programa de Gobierno del MAS y Plan Nacional de Desarrollo. La Razón consultó a varias capitalizadas sobre el anuncio realizado por el Gobierno, pero sus ejecutivos evitaron pronunciarse hasta que se conozca de manera oficial la información.
Sin embargo, el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa petrolera Chaco, Juan Callaú, afirmó que “esa pregunta debería ser respondida por los accionistas de la empresa, pues es una situación muy delicada”. Entre 1993 y 1997, el gobierno del MNR capitalizó las cinco principales empresas del Estado (YPFB, Entel, ENFE y LAB). De este proceso surgieron 10 compañías que operan actualmente en el país: tres en el rubro petrolero, tres en electricidad, dos ferroviarias, una en telecomunicaciones y una en transporte aéreo. En el caso de las 10 empresas, las acciones de los socios capitalizadores llegan al 50%. El restante 50% se divide de la siguente manera: 45,5% de las acciones están en el Fondo de Capitalización Colectiva, administrada por las dos AFP que operan en Bolivia, y el 4,5% fue adquirido por los trabajadores de las empresas estatales. Villegas explicó que para logar ese 51% para el Estado, se sumarán las acciones de los bolivianos y de los trabajadores. “La otra parte que reste vamos a negociar con las empresas”, añadió. Sin embargo, para que ello ocurra, mínimamente se tendrá que cambiar tres leyes: de Capitalización, del Bonosol y de Pensiones. Villegas dijo que el objetivo es que el Estado tenga la capacidad de tomar decisiones en las empresas en aspectos como: inversión, impuestos, salarios y nombramiento de directores. Ese objetivo se enmarca también en el Plan de Desarrollo Quinquenal que será presentado el 15 de abril.
Sin embargo, el gerente de Relaciones Institucionales de la empresa petrolera Chaco, Juan Callaú, afirmó que “esa pregunta debería ser respondida por los accionistas de la empresa, pues es una situación muy delicada”. Entre 1993 y 1997, el gobierno del MNR capitalizó las cinco principales empresas del Estado (YPFB, Entel, ENFE y LAB). De este proceso surgieron 10 compañías que operan actualmente en el país: tres en el rubro petrolero, tres en electricidad, dos ferroviarias, una en telecomunicaciones y una en transporte aéreo. En el caso de las 10 empresas, las acciones de los socios capitalizadores llegan al 50%. El restante 50% se divide de la siguente manera: 45,5% de las acciones están en el Fondo de Capitalización Colectiva, administrada por las dos AFP que operan en Bolivia, y el 4,5% fue adquirido por los trabajadores de las empresas estatales. Villegas explicó que para logar ese 51% para el Estado, se sumarán las acciones de los bolivianos y de los trabajadores. “La otra parte que reste vamos a negociar con las empresas”, añadió. Sin embargo, para que ello ocurra, mínimamente se tendrá que cambiar tres leyes: de Capitalización, del Bonosol y de Pensiones. Villegas dijo que el objetivo es que el Estado tenga la capacidad de tomar decisiones en las empresas en aspectos como: inversión, impuestos, salarios y nombramiento de directores. Ese objetivo se enmarca también en el Plan de Desarrollo Quinquenal que será presentado el 15 de abril.
Algunos ejes del Plan Nacional de Desarrollo
Superintendencias • El Gobierno mantendrá a las superintendencias, pero efectuará cambios significativos en ellas. Serán ´cualitativamente diferentes´, señaló el ministro Carlos Villegas, pues considera que no han cumplido su papel. ´Una muestra muy contundente es lo que ha ocurrido con el LAB. Hay una corresponsabilidad en la superintendencia del rubro´. Minería • El Código de Minería y el sistema tributario en minería también sufrirán cambios significativos. No se adelantó cuáles serán esos cambios, pero se trabajará para que el Estado obtenga mayores recursos. El impuesto al salario aún no será aplicado por el Gobierno, pues considera que es un tema delicado y prefiere conseguir más ingresos a través de los recursos naturales. IDH • A partir del próximo año, se dará una nueva orientación al IDH, de tal manera que los recursos que provengan de nuevos proyectos de industrialización y de materia prima conformen un fondo de desarrollo. Los recursos serán usados en la generación de empleos estables. Los recursos que obtengan del IDH las prefecturas y municipios no sufrirán cambios el 2006.
Superintendencias • El Gobierno mantendrá a las superintendencias, pero efectuará cambios significativos en ellas. Serán ´cualitativamente diferentes´, señaló el ministro Carlos Villegas, pues considera que no han cumplido su papel. ´Una muestra muy contundente es lo que ha ocurrido con el LAB. Hay una corresponsabilidad en la superintendencia del rubro´. Minería • El Código de Minería y el sistema tributario en minería también sufrirán cambios significativos. No se adelantó cuáles serán esos cambios, pero se trabajará para que el Estado obtenga mayores recursos. El impuesto al salario aún no será aplicado por el Gobierno, pues considera que es un tema delicado y prefiere conseguir más ingresos a través de los recursos naturales. IDH • A partir del próximo año, se dará una nueva orientación al IDH, de tal manera que los recursos que provengan de nuevos proyectos de industrialización y de materia prima conformen un fondo de desarrollo. Los recursos serán usados en la generación de empleos estables. Los recursos que obtengan del IDH las prefecturas y municipios no sufrirán cambios el 2006.
Fuente: Diario La Razón de Bolivia
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