Contra De Villepin

Las movilizaciones de esta semana contra el contrato de primer empleo (CPE) del Gobierno francés se convirtieron ayer en una manifestación popular de condena y desafecto al primer ministro, Dominique de Villepin. Todo indica que el Ejecutivo francés comienza a estar contra las cuerdas y tendrá que hacer algún tipo de gesto muy pronto para frenar una escalada en la que ya se comienza a hablar de huelga general. El presidente, Jacques Chirac, afirmó el viernes que "el Gobierno está abierto a negociar" y ya no se excluía que acabara retirando el controvertido CPE, aunque esto suponga para muchos el principio del fin del primer ministro. Fueran ayer los manifestantes en toda Francia el medio millón que pretende el Gobierno o el millón y medio que aseguran los sindicatos, lo que es evidente es que la protesta estudiantil ha conseguido ya la solidaridad y el apoyo de sectores obreros y las clases medias. El primer ministro cada vez está más aislado y debilitado, como muestra la caída libre de sus índices de popularidad. De Villepin había presentado esta ley como propia, y, como tal, amenaza con hundir sus expectativas de convertirse en candidato plausible para suceder a su protector, el presidente Jacques Chirac, tras las elecciones presidenciales del año próximo. Mientras, su rival en la derecha y dentro del Gobierno, el ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, intenta desmarcarse del encastillamiento del primer ministro. Resulta dudoso que lo consiga si continúa la escalada de movilizaciones y de violencia. Los últimos acontecimientos vienen a confirmar las peores sospechas sobre la fase final de la presidencia de Chirac, que comenzó con el inmenso fiasco del rechazo a la Constitución europea, continuó con las oleadas de violencia de los extrarradios durante el pasado verano y ahora comienza a perfilarse como agónica. Chirac ha arrastrado a Villepin a sus contradicciones. Sus intentos de introducir una ley que supuestamente facilita el primer empleo a los menores de 26 años a cambio de un despido libre que afecta a todos los trabajadores menores de esa edad se considera en amplias capas de la población como una abierta traición al modelo social francés, cuya defensa y continuidad reivindicaban ambos.