Lula, eximido de culpa en un escándalo de pago de coimas a legisladores

Después de 10 meses de polémicas, declaraciones y búsquedas, la comisión parlamentaria brasileña que investigó los presuntos pagos de coimas a legisladores brasileños eximió de toda culpa al presidente Lula da Silva. "No hay ninguna evidencia" de responsabilidad presidencial en el supuesto esquema de sobornos. La conclusión liquida uno de los argumentos principales de los opositores al gobierno para incriminar al presidente y forjar un "juicio político" en su contra; algo que estuvo en danza todo el año pasado. Pero, en forma paralela, destruye una segunda justificativa opositora, básicamente, del Partido Socialdemócrata y su aliado de derecha, el Partido del Frente Liberal, que pretendía acusar al hijo presidencial, Fabio Luiz Lula da Silva, porque su empresa Gamecorp se habría visto favorecida con una inversión de más de 2,3 millones de dólares realizada por una empresa telefónica, la Telemar.El redactor del informe final, diputado Osmar Serraglio (del Partido del Movimiento Democrático de Brasil, PMDB) dijo que no había manera de incluir a "Lulinha" —como se conoce al hijo de Lula— entre las conclusiones de la comisión parlamentaria que investigó los sobornos. "Eliminé el nombre del hijo del presidente no porque hayan existido presiones del gobierno sino porque ese asunto jamás fue investigado por esta comisión", dijo. Para el arco opositor, el desenlace de los 10 meses de investigaciones no aporta, hoy, nada nuevo que permita atacar la investidura presidencial. En el entorno del candidato Geraldo Alkmin, el principal adversario que tendrá Lula en las presidenciales de octubre próximo, había alguna decepción. Contaban con el informe de esta comisión parlamentaria para emprender un ataque más a fondo y, tal vez, definitivo, para desgastar en forma irreversible al presidente brasileño. Todo indica que la jugada no les salió del todo bien. El documento final de la CPI (como se llama en forma abreviada a los organismos congresistas de investigación) incrimina a 124 personas, entre ellos, los ex ministros José Dircey y Luiz Gushiken, que actuaron en la primera etapa del gobierno de Lula; los ex dirigentes del Partido de los Trabajadores José Genoino, Sílvio Pereira e Delúbio Soares y el senador Eduardo Azeredo, que milita en la Socialdemocracia (por el estado de Minas Gerais). Para el diputado Antonio Carlos Magalh«òes Neto, nieto del senador homónimo que lidera el Partido del Frente Liberal y célebre exponente de los patrones de estancia del nordeste brasileño, se apuró a reclamar una nueva redacción del informe final para que se incluya el nombre del hijo de Lula y el caso de su empresa Gamecorp. La razón de esta insistencia es que la oposición agrupada detrás de Alkmin, un representante de la derecha neoliberal brasileña, pretendía asestar con la publicidad de ese caso un golpe mortal a la figura del presidente brasileño.Todo indica que no van a ceder tan fácilmente en su empeño, aun cuando la comisión parlamentaria no pueda brindarles el argumento que tanto procuraban. Delcidio Amaral, presidente de la comisión congresista investigadora sostuvo que los socialdemócratas y sus aliados del Frente Liberal "lo único que quieren es hacer un vejamen contra la figura presidencial".Por otra parte, ayer unos seis ministros del gabinete de Lula anunciaron que tienen previsto renunciar hoy para poder disputar cargos en las elecciones generales del 1 de octubre.