El problema energético

Uno de los riesgos mayores que enfrenta la economía argentina es la fragilidad estructural del sistema energético, al no poder satisfacer la demanda creciente sin correr el riesgo de una crisis de abastecimiento como la que se vivió en los últimos dos años. Desde fines de 2001 no se ha incorporado ninguna central termoeléctrica al parque generador, a pesar de que el aumento del consumo exigía sumar anualmente a razón de 800 y 1000 MW. Esto da una idea de la magnitud alarmante del déficit de generación acumulado. La situación en el gas es igualmente preocupante. Debido a la falta de inversión y a la carencia de reservas, la Argentina se vería dentro de dos o tres años ante el problema de convertirse en importador neto de petróleo y de cantidades crecientes de gas, en un contexto mundial de altos precios. Para tratar de revertir esta deficiencia, el Gobierno constituyó un fideicomiso para construir e instalar dos centrales termoeléctricas, que recién en 2008 estarían en condiciones de sumar 1600 MW. Para ello, las empresas generadoras debieron aceptar un ahorro forzoso consistente en no percibir la totalidad de los precios de la energía vendida en el mercado de la electricidad. Con la misma finalidad, el Gobierno introdujo un cargo compulsivo a todos los usuarios no residenciales para financiar las obras. La incertidumbre en el mercado de la producción del gas y las sucesivas intervenciones gubernamentales en el mecanismo de fijación de los precios de la energía eléctrica han desalentado cualquier proyecto de inversión privada en el área de la generación. En lugar de crear las condiciones para que el sector privado invierta, el Gobierno impulsa en el Congreso un reprobable proyecto para la creación de cargos específicos que serán aplicados en las facturas de luz y de gas, que irán a parar a fideicomisos controlados por el Ministerio de Infraestructura .

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