Agitación en México

Si no se impone el sentido común, a México le esperan semanas de agitación antes de que el Tribunal Federal Electoral se pronuncie inapelablemente -el 6 de septiembre es la fecha límite- sobre la validez del resultado que ha otorgado la victoria en las elecciones presidenciales al candidato conservador, Felipe Calderón, y que impugna, también en la calle, su rival centroizquierdista, Andrés Manuel López Obrador.

El derrotado candidato populista tiene todo el derecho a disputar los resultados de unos comicios tan ajustados. Pero ese trabajo corresponde a un tribunal especial de siete jueces, con amplios poderes y sin dependencias partidistas o gubernamentales conocidas. Pretender trasladar la reivindicación a la calle, manteniendo en estado de agitación a centenares de miles de personas, es una política irresponsable. No sólo porque hay una clara presunción de validez en los comicios ganados por Calderón, y los jueces tendrían que hallar indicios extraordinarios de manipulación para declarar inválida la elección del 2 de julio.

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