En representación de la firma brasileña intervinieron seis personas, con el gerente ejecutivo de Mercadotecnia y Comercialización de la casa matriz, Rogerio Manso, a la cabeza. Por el lado boliviano, el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de YPFB, Juan Carlos Ortiz, lideró el grupo, en el que estuvieron también tres funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos del país andino. El comunicado explica también que la cita terminó "con el compromiso de ambas partes de promover discusiones internas, con vistas a retomar las negociaciones en la semana del 24 al 28 de julio, en Río de Janeiro", cuando Bolivia presentará su respuesta a los argumentos expuestos por Petrobras.
El gobierno de Evo Morales pretendía lograr un aumento del precio base del gas boliviano que Brasil importa, en un volumen que se sitúa actualmente en 26 millones de metros cúbicos y a un precio de cuatro dólares por millón de BTU (Unidad Térmica Británica). También buscaba que la tarifa que Brasil paga por el gas fluctúe en función de las variaciones del costo de los carburantes en el estado de Sao Paulo, el destino del producto, que llega a entre 7,5 y ocho dólares, según las autoridades bolivianas. El estado paulista, el más industrializado y rico de esa nación, con un tercio del PIB total del país, es el principal cliente del gas de Bolivia, que abastece el 80 por ciento del mercado total de esa región brasileña. El pasado 3 de mayo, dos días después de que Morales nacionalizara los hidrocarburos y anunciara su intención de incrementar el precio de exportación del gas, el presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, anuncio que la firma rechazaba cualquier aumento de la tarifa. Además, detalló los recursos que utilizará, entre ellos los tribunales internacionales, para defender sus intereses tras la nacionalización, que ha dejado en una difícil situación a Petrobras, líder hasta entonces del sector petrolero en el país andino, junto con la hispano-argentina Repsol YPF. Asimismo, desde el pasado 29 de junio corre un plazo de 45 días para que las dos partes se pongan de acuerdo en el contencioso surgido por el reclamo de Bolivia. Vencido ese plazo, la resolución de la controversia quedará en manos de un tribunal de Nueva York. El ministro boliviano de Hidrocarburos, Andrés Soliz, ha asegurado que su gobierno es "muy optimista" ante esa posibilidad, porque, en su opinión, "cualquier árbitro entendería que esas condiciones tienen que mejorar para Bolivia".
Hace dos semanas, Morales logró que Argentina, el otro cliente extranjero del gas boliviano, aceptara subir el precio de importación del energético de 3,35 a cinco dólares por millón de BTU.


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