“No iremos para atrás”, señaló la presidenta de la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte; mientras que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ratificó que “eso es irreversible, eso ya está aprobado por mayoría absoluta, casi por dos tercios de voto, y no se puede revisar”.
De igual forma, el primer vicepresidente de la Asamblea, Roberto Aguilar (MAS), dijo que ese artículo “no podría modificarse, a menos que existiera, de acuerdo a lo que está previsto en el reglamento, dos tercios para la modificación del reglamento”.
El rechazo también llegó desde los sectores sociales afines al MAS. “Están en una declaratoria de conspiración los comités cívicos y los prefectos, nosotros estamos sacando una resolución para defender hasta las últimas consecuencias a la Asamblea originaria y la mayoría absoluta; si ellos toman otras medidas, nosotros también”, anunció Florentino Barrientos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia.
Los cívicos respondieron que “si no se revierte, si se consolida esto (la declaración de originaria de la Constituyente), vamos a aplicar lo que dijimos. Paralelamente, vamos a hacer los reclamos al Tribunal Constitucional, a la OEA y, sino, vamos a llamar a un referéndum, porque al declararla originaria están desconociendo los poderes constituidos y están dejando abierto a que se empiece de cero”, advirtió el vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Jaime Santa Cruz.
Para la Central Obrera Boliviana, la decisión de los cívicos y prefectos de esos cuatro departamentos busca la división de Bolivia. “La posición de los cívicos es una forma de dividir, desestabilizar al Gobierno, y no creo que los trabajadores permitan que por caprichos personales e intereses que no están enmarcados en la Constitución Política del Estado, se impulse un enfrentamiento”, aseveró Sósimo Paniagua, dirigente de la COB.
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