A ello se suma una disputa surgida en el Poder Judicial, tras el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la ilegalidad del carácter originario de la Asamblea Constituyente, hecho que inmediatamente fue calificado como una ´intromisión´ por el Consejo de la Judicatura. En el caso de la denuncia penal, será presentada por las organizaciones campesinas e indígenas de Chuquisaca a la fiscalía de este departamento, según anunció el abogado Williams Laruta, asesor técnico de los constituyentes que representan a estas organizaciones en la Asamblea. Los delitos de los que acusan a los cívicos de las cuatro regiones son ´sedición y atribuirse los derechos del pueblo´, tipificados en el Código Penal.
A ello se suma la denuncia presentada el 26 de septiembre por el abogado Morales y un grupo de ciudadanos a la Fiscalía General de la República, en la que denuncian que el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, pagó la suma de 200 bolivianos por persona y armó con toletes de madera a los miembros de la Unión Juvenil Cruceñista para hacer cumplir el paro cívico de las cuatro regiones, realizado el viernes 8 del anterior mes.
Agrega que en Tarija se promovieron acciones parecidas con la creación de la ´juventud tarijeñista´ y que los cívicos amenazaron con ´separatismo´, por lo que pide a la Fiscalía ´iniciar de oficio una acción penal pública´, por los delitos de ´organización de grupos irregulares, atribución de los derechos del pueblo, conspiración e instigación de delinquir´.
A estas demandas que coinciden en la tipificación de los delitos, se sumaron voces oficialistas como las del constituyente Raúl Prada y del representante del estado mayor del pueblo, Hugo Moldiz, quienes sugirieron al Ejecutivo tomar acciones legales contra estos sectores que en su criterio convocaron a la sedición.
Mientras, el carácter originario de la Asamblea concentró la atención en el Poder Judicial, tras que la Suprema emitiera un comunicado en el que rechaza esta condición y aclara que el proceso es derivado, ya que los asambleístas tienen la única función de aprobar un nuevo texto constitucional, respetando el vigente.
´Caso contrario, significará trastocar el orden legalmente constituido, subvertir el sistema social y democrático de derecho, poniendo en riesgo la integridad nacional, la paz social y la seguridad nacional´, advierte. El consejero Rodolfo Mérida opinó que la Suprema no debería intervenir.
No hay acuerdo de dos tercios
El MAS no tiene asegurados los dos tercios de voto para aprobar las reformas constitucionales, porque no firmó ningún acuerdo con UN y el MNR.
Por separado, los asambleístas Samuel Doria Medina (UN) y Guillermo Richter (MNR) desmintieron ayer que exista un pacto político de sus partidos con el MAS. ´No hay nada´, aseveró el además jefe de UN.
´No tenemos ningún acuerdo de largo aliento con el MAS, porque un acuerdo de esa naturaleza significa compartir las responsabilidades en la administración del poder, y eso no existe. Tampoco existe un acuerdo específico, concreto y taxativo para llevar adelante la aprobación total del reglamento de debates´, coincidió Richter.
Los constituyentes explicaron que solamente hay un acuerdo transitorio para viabilizar los puntos sencillos de aprobación del reglamento de debates.
Fuente: Diario La Razón de Bolivia
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