Israel anunció ayer la retirada del contingente de soldados en el sur de Líbano. Lo hace en cumplimiento con la resolución 1701 de la ONU. Es un buen paso, aunque incompleto, porque todavía queda un grupo de efectivos en la localidad fronteriza de Ghajar. El Gobierno israelí había retrasado el retorno de sus tropas, que tenía que haberse producido el pasado 23 de septiembre, por divergencias sobre la interpretación de la resolución que puso fin a la guerra el pasado 12 de agosto. Quería obtener garantías sobre el desarme de Hezbolá y sobre las acciones que emprendan los cascos azules y el Ejército libanés para impedir el rearme de la milicia islamista. No está del todo claro que las haya conseguido, aunque al menos es positivo que haya decidido poner fin a la ocupación como antes había levantado el bloqueo aéreo y marítimo del país invadido en obediencia a lo dictado por el Consejo de Seguridad de la ONU.
La resolución 1701 está llena de ambigüedades y de lagunas, pero pese a su fragilidad ha servido para que no se hayan registrado incidentes de gravedad durante el último mes y medio y para mantener la precaria estabilidad gracias al refuerzo de la FINUL, que cuenta ya con más de 5.000 de los 15.000 soldados acordados, y de las propias fuerzas regulares libanesas. Ahora bien, el cumplimiento exige no sólo la retirada efectiva israelí, sino también que las propias milicias del jeque Nasralá cesen en los ataques contra el país vecino y entreguen a los dos soldados israelíes capturados en julio, cuestión que desató la guerra, nunca declarada, de 34 días. Cómo hacerlo no es nada fácil e indudablemente requerirá de la ayuda diplomática de Siria e Irán.
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