El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró que el Congreso debe apagar el fuego que ha encendido en el país, al impedir que se agilice su convocatoria a una consulta popular para instaurar una Asamblea Constituyente de plenos poderes. Correa condenó los hechos violentos ocurridos el martes en la sede del Parlamento, cuando decenas de manifestantes irrumpieron en la sede del Legislativo, de donde previamente habían sido desalojados los diputados, para exigir la consulta popular y la Constituyente, promovidas por el Ejecutivo. "Es muy fácil que en estas manifestaciones masivas se haya infiltrado gente que quiera crear el caos, pero por eso digo que estamos jugando con fuego, como lo dijo el propio presidente del Congreso (Jorge Cevallos)", remarcó Correa a los periodistas.
Sin embargo, el jefe del Estado aseguró que "le corresponde a ellos (los diputados del Congreso), que iniciaron este fuego, apagarlo". El Gobierno, insistió Correa, tomará las medidas que sean necesarias, dentro del marco jurídico, para llevar adelante la consulta popular que ordenó organizarla al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el próximo 18 de marzo, aunque ese organismo espera el fallo del Congreso para tramitar el plebiscito. "Esperaremos que corran los plazos de ley y, a su debido tiempo, se verán las respuestas del Gobierno", insistió Correa, que no ha descartado crear un Tribunal Electoral especial o 'ad-hoc' para organizar la consulta. Por otra parte, ante el ambiente de inestabilidad y violencia en el país, Correa no ocultó su temor de que algo le pueda suceder, aunque dijo que está dispuesto a defender su tesis de "recuperar la patria" al precio que sea. "Por supuesto que temo por mi vida, temo por mi familia, pero sabíamos a lo que íbamos, sabíamos que no iba a ser fácil y estamos dispuestos a cumplir (con el mandato) a cualquier costo", remarcó Correa.
La tensión entre el Gobierno y el Congreso de Ecuador aumentó por los violentos incidentes vividos en la sede del Parlamento y ambos se responsabilizaron mutuamente de los hechos. Según una nota de la Presidencia, "la responsabilidad última de esta situación corresponde a los vocales del TSE y a los diputados y diputadas del Congreso Nacional, por su actuación en contra de la voluntad manifiesta de los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador, expresada mayoritariamente en las urnas el pasado 26 de noviembre".
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