Discuten militarización de la frontera en México

La decisión del Gobierno mexicano de militarizar la lucha antidroga en la violenta ciudad de Tijuana, fronteriza con EEUU, es ''lógica'', opinaron ayervarios analistas, aunque alguno teme que ello derive en violaciones de derechos humanos. ''El envío del Ejército y la Policía Federal a Tijuana resulta lógico después de que en esa ciudad, de más de 1,5 millones de habitantes, se registraran en el 2006 más de 500 asesinatos en la 'guerra a muerte' entre narcotraficantes rivales'', dijo a Efe el experto en asuntos de seguridad Carlos Mercado.

Tijuana, colindante con la ciudad estadounidense de San Diego (California) y ribereña del océano Pacífico, es la sede del cartel de drogas de los hermanos Arellano Félix, que, según las autoridades, se ha aliado con el del Golfo para pelear contra la banda encabezada por el fugitivo capo Joaquín ''El Chapo'' Guzmán. Mercado recordó que las autoridades civiles, los legisladores del estado de Baja California, donde está Tijuana, y los empresarios locales habían solicitado al presidente de México, Felipe Calderón, que extienda a esa ciudad el operativo militar antidroga que se aplica desde diciembre en el estado occidental de Michoacán.

Por su parte, el ex procurador de los Derechos Humanos (Defensor del Pueblo) de Baja California y experto en asuntos de seguridad pública Raúl Ramírez declaró por teléfono a Efe desde la capital provincial de Mexicali, próxima a Tijuana, que el envío de las fuerzas federales ''es lógico y explicable'' dada la ola de delincuencia en la localidad. No obstante, Ramírez expresó sus dudas sobre la efectividad del operativo para erradicar la ''narco-violencia'' y el contrabando de drogas, y dijo que teme que la actuación del Ejército en asuntos propios de la Policía derive en detenciones arbitrarias y otras violaciones de las garantías fundamentales. El analista dijo que la ola de violencia en Tijuana y otras localidades de Baja California, que acogen a cientos de miles de visitantes estadounidenses, ha causado gran preocupación a las autoridades regionales y los empresarios, especialmente a los del sector del turismo y la hostelería. El experto en seguridad pública y lucha antidrogas José Reveles opinó que la militarización de Tijuana responde a ``la lógica del gobierno de Calderón, que ha empezado su mandato con mano firme contra la violencia, y al llamamiento que las autoridades regionales formularon al Gobierno Federal''.

Reveles coincidió con Ramírez en que el despliegue de las fuerzas federales no resolverá el ''problema de fondo del narcotráfico'', y agregó que el programa policial y militar ''México seguro'', puesto en vigor en la frontera con EEUU por el gobierno del anterior presidente mexicano, Vicente Fox (2000-2006), ``fue un rotundo fracaso''. El gobierno de Calderón, que ayer visitó Michoacán, donde alentó a los militares y policías a seguir combatiendo sin pausa a los narcotraficantes, secuestradores y otros criminales, ha prometido utilizar ''toda la fuerza del Estado'' para evitar que México se ''convierta en rehén'' de la delincuencia organizada. Calderón, en el poder desde el pasado 1 de diciembre, unificó bajo un solo mando las fuerzas federales encargadas de combatir a los criminales y anunció otras medidas para garantizar ``condiciones mínimas de seguridad a todos los ciudadanos''. El ministro de Gobernación (Interior), Francisco Ramírez, y otros miembros del gabinete de Seguridad, Defensa y Justicia anunciaron el martes el envío a Tijuana de 3,296 policías y militares para combatir a los delincuentes por tierra, mar y aire.