viernes, enero 19, 2007

ECUADOR: El Congreso Nacional se irrespeta

En 12 días han existido en el Congreso Nacional tres mayorías volátiles y adecuadas a intereses puntuales de los participantes en su conformación. Ellas solo han perseguido las fuentes del Poder Legislativo, como son las comisiones legislativas y los nombramientos o participación en la designación del Contralor, Procurador y Ministro Fiscal. En ese mismo lapso, el tema de la consulta popular y el estatuto de la asamblea constituyente están decretados, pero en el Parlamento, que es el órgano canalizador de las reformas constitucionales parciales o totales, se ha marginado su consideración o tienen un tratamiento virtual. Esta actitud, a pesar de que el procedimiento planteado no se enmarca en el ordenamiento jurídico, probablemente responda a la consideración de que el referido instrumento acepta la participación partidaria con todas las garantías del actual régimen electoral.Este hecho revela que el Congreso antiguo o actual, con los líderes jubilados o con los que están emergiendo, no comprende el grave deterioro de la imagen legislativa, que ha llegado al extremo de confundir al pueblo, que piensa que todo Congreso es un órgano pernicioso y que lo único que salvará al país será una asamblea constituyente. Desconoce esa comunidad aturdida que ese organismo, de instalarse, producirá un proyecto constitucional en el cual también existirá una función legislativa.Este escenario, además, tiene una complejidad que tampoco interesa a la Legislatura.
De no variar el cronograma, es posible que la asamblea constituyente se instale en un lapso entre ocho y 12 meses desde la fecha; por tanto, el Congreso funcionará ordinariamente, pero luego entrará en un limbo constitucional que no está aclarado. De esta manera funcionaría junto a una asamblea constituyente con facultades implícitas -se desconoce su límite- concedidas por el artículo primero del estatuto, que prescribe : “ Está dotada de plenos poderes para transformar el marco institucional del Estado. “ Con estos antecedentes, es necesario esperar el pronunciamiento del Congreso y del TSE frente a la convocatoria y al contenido del estatuto, que son evidentemente inconstitucionales.

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