La sola detención de los capos del narcotráfico no estaba resolviendo el problema del crimen organizado en México; a menudo lo exacerbaba. En la prisión, los cabecillas de la delincuencia asumían controles indebidos y disfrutaban de privilegios, y hasta seguían operando sus redes. Cuando querían, se fugaban, como lo hizo hace seis años de una prisión de "máxima seguridad" Joaquín Guzmán, alias El Chapo y, entre tanto, la violencia se recrudecía en calles y ciudades prácticamente tomadas por la delincuencia.
Ahora, el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa ha tomado una decisión radical: extraditar a Estados Unidos a 15 delincuentes y preparar la remisión de otra veintena -entre ellos cuatro capos. El despliegue de fuerzas militares, navales y de la policía federal en Michoacán, Baja California, Guerrero y ahora una zona común a Chihuahua, Durango y Sinaloa, es explicado por algunos analistas como una medida que podría, además de recuperar las condiciones de convivencia en zonas que estaban fuera de la ley, como lo anunció el procurador Eduardo Medina Mora, también tomarse como una estrategia para contener cualquier reacción a esas extradiciones.
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