Brasil estudia medidas de excepción contra el crimen

En medio de constantes reportes de asesinatos, asaltos y secuestros, el gobierno de Brasil estudia una ley antiterrorismo, una comisión legislativa aprueba crear un millonario fondo de combate a la violencia, mientras inspectores policiales protestan en reclamo de aumentos salariales prometidos. La ley antiterrorismo busca proteger al país de la violencia de fanáticos religiosos y grupos del crimen organizado.

El proyecto de ley --elaborado por la oficina de Seguridad Institucional de la presidencia y que lo entregó para su análisis al Ministerio de Justicia-- no define el terrorismo, sino que enumera una serie de delitos como ataques con bombas y balaceras en puertos y aeropuertos, trenes y vehículos de transporte público, dijo José Alberto Cunha Couto, uno de los asesores de seguridad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. ''Puede que no exista una amenaza inminente de ataques terroristas, pero Brasil no se puede considerar inmune'', dijo Couto en entrevista telefónica. ''No nos podemos dar el lujo de descartar la posibilidad de un ataque'', agregó Couto.

El proyecto sería entregado en abril por el ministerio al Congreso para su debate. El funcionario no detalló las penas y castigos para tales delitos. Pero agregó que será decisión de juez determinar cómo y contra quién aplicar esa ley. Entre tanto, la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía del Senado aprobó en la jornada la creación de un fondo de más de $900 millones anuales para combatir la violencia y ayudar a las víctimas de la criminalidad. Los dineros del fondo, que para funcionar aún precisa ser aprobado por el plenario del senado, provendrán de bienes incautados a traficantes de drogas, armas y municiones, contrabandistas y 2.5 por ciento de la recaudación nacional de un impuesto, así como de donaciones privadas, indicó en conversación telefónica el senador Demóstenes Torres, del derechista Partido del Frente Liberal (PFL) y relator del proyecto.

Pero alegando que se necesita un mayor debate la misma comisión legislativa, integrada por 23 de los 81 senadores, postergó para la próxima semana la discusión y votación de otro proyecto de ley que modifica en la actual legislación y aumenta las penas para el delito de ''crimen organizado'', agregó.

Ambos proyectos, tanto el del fondo como el del crimen organizado, nacieron del seno del congreso entre el 2006 y este año tras la ola de violencia que estremeció a Sao Paulo en mayo del año pasado y que provocó la muerte de al menos 200 personas en una semana. A fines del 2006, el turno fue para Río de Janeiro, donde acciones de bandas y enfrentamientos con la policía provocaron la muerte de 19 personas.