ECUADOR: Emergencia jurídica

Ante el irrespeto de las instituciones a la Constitución, algunos analistas manifiestan su preocupación y posibles salidas a la crisis político-jurídica e institucional. Hace algunos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó que en el Ecuador existe una quiebra institucional y para el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Santiago Velázquez, hay un Estado de Derecho ‘entre comillas’ porque hay instituciones del Estado que, como el Congreso, existiendo, no están funcionando. Según el jurista Agustín Grijalva, hay muchas salidas que tienen sustento jurídico y constitucional, pero en este momento no son viables porque el presidente Rafael Correa no reconocería decisiones que interfirieran con la consulta popular, al igual que lo haría el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “La aguda crisis jurídica y del Estado de Derecho tienen orígenes políticos generalizados, por lo que la salida sería que los poderes se plantearan una reconstrucción del Estado Social de Derecho y una reactivación de la Constitución y las leyes.

Pero el mayor problema es que muchos saben cómo deben solucionar la problemática y no lo aplican”. Grijalva opina que el drama del Ecuador es que la política se desborda de los cauces jurídicos y los erosiona, lo que puede derivar en violencia y ‘desinstitucionalización’. “Los diputados violan la Constitución y las leyes sistemáticamente, amenazando a los jueces, pero deben saber que no tienen plenos poderes y que están sometidos al marco jurídico. El manejo partidista acaba con las instituciones. La mayoría del Congreso no quiere vivir en un Estado de Derecho”. Pero todos los poderes han violentado lo jurídico. “La paradoja es que queremos institucionalizar el país mediante la asamblea constituyente, sin embargo aplicamos mecanismos que van en ruta contraria”.Para el vocal del Tribunal Constitucional (TC), José García, parecería que se vive una anarquía jurídica porque en general no se cumplen las leyes ni la Constitución y porque falta una cultura jurídica y constitucional. “A partir de la vigencia de la Constitución de 1998 se dio un viraje de 180 grados en el sistema procesal ya que de lo anterior, que era un mecanismo muy inquisitivo y permaneció durante unos 500 años, se pasó a otro muy diferente: al Estado Social de Derecho, que demandará mucho tiempo para ser asimilado, para lo cual es necesario educar a la gente desde el colegio para cambiar de mentalidad en unos 12 años, una labor de todos”. Por esto García considera que se debe educar con este tipo de principios a las nuevas generaciones para que respeten las leyes y la Constitución “porque ¿de qué serviría tener una gran Carta Magna si no se la cumple?

Fuente: Diario La Hora de Quito