No se sabe si este será el último intento que hagan el Gobierno y los empresarios bolivianos para lograr una ampliación de las preferencias arancelarias estadounidense para las exportaciones nacionales, que están íntimamente ligadas a la generación de empleos en el país. Si la concesión arancelaria que vendrá con la aprobación del Congreso de Estados Unidos fracasa, la caída en la economía nacional sería muy seria, y a los tremendos problemas de desempleo se sumaría uno más como la crisis de la industria manufacturera.
No se debe olvidar que la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPDEA) beneficia, principalmente, a las manufacturas —textiles, joyas, maderas, cueros— y que esa mano de obra tiene su mayor desarrollo en la ciudad de El Alto, con una de las poblaciones de mayor pobreza, peor calidad de vida y escasez de empleo. Si no existieran las preferencias arancelarias, habría que pagar impuestos por las manufacturas, el negocio correría serios riesgos de arruinarse o sería, simplemente, insignificante.
Pero, además, un fracaso significaría pérdidas para los empresarios que han invertido en maquinaria y en grandes industrias de manufactura, que quedarían sin ocupación o trabajando al mínimo de su potencial, reduciendo personal, con la tentación lógica de pensar en trasladar sus industrias fuera de Bolivia.
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