Francia, más dura con los inmigrantes

Dispuesto a endurecer su política hacia los indocumentados y los extranjeros considerados improductivos, el gobierno francés pidió a la gendarmería, una de las fuerzas militares del país, que mejorara sus resultados en la represión de la inmigración ilegal. La orden aumentó la polémica sobre la reciente batería de medidas destinadas a combatir la inmigración, que había prometido el presidente francés, Nicolas Sarkozy, en la campaña electoral y que incluye los polémicos controles de ADN a los inmigrantes que busquen reunirse con sus familiares residentes en Francia. En una nota enviada recientemente, el director general de la gendarmería, general Guy Parayre, les ordenó a los 22 comandantes de región de su fuerza intensificar la lucha contra los clandestinos.

En el documento, publicado ayer por el diario comunista L Humanité , Parayre propuso incluso convocar a reservistas y militares retirados para escoltar hasta las fronteras a los indocumentados detenidos provisionalmente en centros de retención. Esa medida permitiría liberar otras fuerzas que podrán intensificar el control en puntos neurálgicos del interior del país, como ferrocarriles y carreteras. Como ya lo habían hecho otros miembros del gobierno antes que él, el general pidió a sus subordinados "un mayor esfuerzo en la lucha contra la inmigración irregular" y criticó los resultados obtenidos hasta ahora. A comienzos de septiembre, el titular del flamante y controvertido Ministerio de la Inmigración y de la Identidad Nacional, Brice Hortefeux, había desencadenado una polémica nacional al amonestar públicamente a los prefectos franceses (gobernadores) por no haber cumplido con el número de expulsiones fijado por el gobierno, que se eleva a 25.000 por año. En esa ocasión, Hortefeux también advirtió a la decena de alcaldes de izquierda que se niegan a denunciar a los indocumentados residentes en sus comunas que, por tratarse de un delito penal, son pasibles de prisión y severas multas. Desde entonces, la actitud inflexible del gobierno no ha hecho más que agudizar la polémica.

El elemento que encendió la mecha fue una enmienda incorporada a último minuto en el proyecto de ley sobre la inmigración, actualmente en discusión en el Parlamento. Ese texto propone el uso de tests de ADN para las familias que deseen reunirse en Francia con un inmigrante legal. El test debe servir para confirmar los vínculos de sangre. Con esta medida, el gobierno sale del terreno exclusivo de la inmigración ilegal y reafirma su voluntad de luchar, además, contra lo que considera extranjeros no escogidos o improductivos.

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