ARGENTINA: Deben recuperarse las instituciones

El día en que se produjo su holgado triunfo electoral, la candidata del oficialismo, Cristina Fernández de Kirchner, convocó a toda la sociedad a esforzarse por recuperar las instituciones de la República luego de que en los últimos años del gobierno actual abundaron críticas basadas en el menoscabo de la calidad democrática. Entre otras iniciativas y acontecimientos, han sido vehementemente rechazadas por los partidos opositores, la sociedad civil organizada y otros actores sociales la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura, los superpoderes, el intento de limitar las potestades de la Auditoria General de la Nación (AGN), las restricciones a la prensa y la reciente supresión de un subsidio estatal a una asociación de consumidores crítica. En ese contexto, las palabras de la futura primera mandataria han sido muy bien recibidas. Sin embargo, en los últimos días, el Gobierno -de quien Fernández de Kirchner forma parte, como lo muestran las recientes visitas oficiales a distintos mandatarios extranjeros- adoptó una actitud disonante con aquellas esperanzadoras palabras pronunciadas en los momentos de celebración por la victoria comicial obtenida.

En primer lugar, tal como difundió como primicia LA NACION, se emitió un decreto reglamentario de la ley de administración financiera (la norma que rige las reglas de diseño y control presupuestarias) que permitiría la intervención de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en las cuentas de los otros poderes del Estado. De ese modo, la Sigen, organismo dependiente exclusivamente del Poder Ejecutivo, podría avasallar la independencia de los poderes Legislativo y Judicial. Debe advertirse que las potestades que articulan el sistema de frenos y contrapesos -por el cual los poderes se controlan mutuamente- deben encontrarse explícitamente incorporadas en la Constitución Nacional. Así, por ejemplo, el Congreso Nacional posee, por el artículo 86 de ese texto legal, la potestad de controlar externamente al Poder Ejecutivo. No existe, sin embargo, ninguna cláusula que habilite o faculte a la Sigen para controlar las cuentas de los demás poderes.

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