La defensa de la soberanía ha sido planteada con firmeza. No hay explicación suficiente para comprender la acción colombiana cuando no existía un peligro bélico para ese país; no se dieron los anticipos que merecía el Gobierno ecuatoriano ni la acción fue comunicada inmediatamente después de los hechos como es usual en Derecho Internacional; además, se conoce que estaba en curso una negociación de liberación con la mediación del Gobierno francés.
Sin embargo, de estos antecedentes y de la adhesión de países amigos, es urgente que el Gobierno ubique su reacción en tres capítulos de mucha importancia para el futuro. En primer lugar, centrar el diferendo en el ámbito diplomático y del Derecho y no en plano exclusivamente político. La coyuntura es muy tensa y aunque no se debieron cerrar todas las puertas: retiro de nuestro embajador, expulsión del representante de Colombia -persona no grata era lo adecuado- y ruptura de relaciones con un país vecino, debemos alistarnos para intensas jornadas jurídicas y diplomáticas; menores en los campos ideológicos y políticos.
Luego, el Gobierno Nacional, sin perjuicio de sus defensas jurídicas ante los organismos internacionales a los que se acude, le debe una información al pueblo ecuatoriano sobre sus gestiones humanitarias para liberar a rehenes de manos de las FARC. Estas misiones son legítimas, pero delicadas y el pueblo debe estar informado en términos generales, como sucedió cuando actuó un representante del Gobierno del Ecuador en el caso del niño Emmanuel o con las públicas actuaciones del Presidente francés para obtener la liberación de Ingrid Betancourt. Mantener una extrema reserva o no tener salvaguardas de parte del Gobierno colombiano, hoy le permite a este régimen acusarnos de otro tipo de relaciones con el referido grupo.
Finalmente, el Primer Mandatario debe evitar incurrir en la ‘diplomacia del micrófono’, como lo hace frecuentemente su homólogo Hugo Chávez. El servicio exterior ecuatoriano tiene magníficos representantes y ellos deben ser los protagonistas cuando la OEA será el escenario más adecuado para ubicar las demandas, explicaciones y justificaciones que correspondan.
Fuente: Editorial del diario El Comercio de Quito
Sin embargo, de estos antecedentes y de la adhesión de países amigos, es urgente que el Gobierno ubique su reacción en tres capítulos de mucha importancia para el futuro. En primer lugar, centrar el diferendo en el ámbito diplomático y del Derecho y no en plano exclusivamente político. La coyuntura es muy tensa y aunque no se debieron cerrar todas las puertas: retiro de nuestro embajador, expulsión del representante de Colombia -persona no grata era lo adecuado- y ruptura de relaciones con un país vecino, debemos alistarnos para intensas jornadas jurídicas y diplomáticas; menores en los campos ideológicos y políticos.
Luego, el Gobierno Nacional, sin perjuicio de sus defensas jurídicas ante los organismos internacionales a los que se acude, le debe una información al pueblo ecuatoriano sobre sus gestiones humanitarias para liberar a rehenes de manos de las FARC. Estas misiones son legítimas, pero delicadas y el pueblo debe estar informado en términos generales, como sucedió cuando actuó un representante del Gobierno del Ecuador en el caso del niño Emmanuel o con las públicas actuaciones del Presidente francés para obtener la liberación de Ingrid Betancourt. Mantener una extrema reserva o no tener salvaguardas de parte del Gobierno colombiano, hoy le permite a este régimen acusarnos de otro tipo de relaciones con el referido grupo.
Finalmente, el Primer Mandatario debe evitar incurrir en la ‘diplomacia del micrófono’, como lo hace frecuentemente su homólogo Hugo Chávez. El servicio exterior ecuatoriano tiene magníficos representantes y ellos deben ser los protagonistas cuando la OEA será el escenario más adecuado para ubicar las demandas, explicaciones y justificaciones que correspondan.
Fuente: Editorial del diario El Comercio de Quito
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