Cristina Kirchner está dispuesta a explorar esta semana, por primera vez de manera convincente, un acuerdo con el sector agropecuario. Desde Lima, donde asistió a la cumbre de América latina y la Unión Europea, el viernes instruyó al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para que volviera a la negociación. Quienes acompañaron a la Presidenta en su viaje a esa capital la oyeron hablar de la necesidad de liquidar un conflicto en el cual su gobierno perdió un caudal incalculable de poder.
Hoy a la tarde la dirigencia agropecuaria analizará esta disposición conciliadora. Los representantes de las cuatro entidades del campo levantarían la protesta, adelantando 48 horas lo que tienen pensado desde el viernes.
El contenido del acuerdo, según altas fuentes del Gobierno y del agro, comenzó a esbozarse el jueves, en una entrevista del ministro de Economía, Carlos Fernández, con técnicos de las organizaciones rurales, encabezados por su antiguo amigo Patricio Watson (Confederaciones Rurales).
Se evaluó la posibilidad de mantener el sistema de retenciones móviles para la exportación de granos, pero eliminando la barrera a partir de la cual el fisco se queda con casi toda la renta.
Ese límite, que en la resolución del 11 de marzo se fijó en un precio de 600 dólares para la tonelada de soja, hizo colapsar los mercados a término. En su momento Martín Losuteau y Alberto Fernández reconocieron el desacierto de la medida. Ahora, el Gobierno retiraría la cláusula.
A cambio, las entidades agropecuarias aceptarían las retenciones móviles, en un nivel del 35% para los precios actuales: equivale al 41% del valor con que se cotizaba la soja el día en que se dispuso la fatídica medida. Sería, para los productores, una ganancia de tres puntos sobre el 44% que había fijado el Gobierno en aquella oportunidad.
Esta propuesta fue informada por Carlos Fernández a la Presidenta y al jefe de Gabinete, y es hoy la principal hipótesis de trabajo.
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Hoy a la tarde la dirigencia agropecuaria analizará esta disposición conciliadora. Los representantes de las cuatro entidades del campo levantarían la protesta, adelantando 48 horas lo que tienen pensado desde el viernes.
El contenido del acuerdo, según altas fuentes del Gobierno y del agro, comenzó a esbozarse el jueves, en una entrevista del ministro de Economía, Carlos Fernández, con técnicos de las organizaciones rurales, encabezados por su antiguo amigo Patricio Watson (Confederaciones Rurales).
Se evaluó la posibilidad de mantener el sistema de retenciones móviles para la exportación de granos, pero eliminando la barrera a partir de la cual el fisco se queda con casi toda la renta.
Ese límite, que en la resolución del 11 de marzo se fijó en un precio de 600 dólares para la tonelada de soja, hizo colapsar los mercados a término. En su momento Martín Losuteau y Alberto Fernández reconocieron el desacierto de la medida. Ahora, el Gobierno retiraría la cláusula.
A cambio, las entidades agropecuarias aceptarían las retenciones móviles, en un nivel del 35% para los precios actuales: equivale al 41% del valor con que se cotizaba la soja el día en que se dispuso la fatídica medida. Sería, para los productores, una ganancia de tres puntos sobre el 44% que había fijado el Gobierno en aquella oportunidad.
Esta propuesta fue informada por Carlos Fernández a la Presidenta y al jefe de Gabinete, y es hoy la principal hipótesis de trabajo.
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