Después de la noche de los cacerolazos, el Gobierno apeló ayer a un recurso olvidado durante el conflicto con el campo: el Congreso de la Nación. La presidenta Cristina Kirchner envió al Parlamento un proyecto de ley que contempla la ratificación del resistido decreto del 11 de marzo por el cual se impuso el esquema de retenciones móviles.
El giro fue presentado en un contexto de duras críticas al agro y a la prensa. Alcanzó para descomprimir ayer las protestas callejeras, pero apenas despertó una tibia expectativa en las entidades ruralistas. Los dirigentes consideraron “positivo” el inicio de un debate legislativo sobre la medida que originó la crisis, pero ratificaron el paro hasta la medianoche de hoy. En reserva, sugirieron que podrían estar ante “una trampa” dado que el proyecto sólo admite la ratificación o el rechazo y no permite cambio alguno de las medidas adoptadas.
El anuncio oficial apuntó en buena medida a emparchar las grietas abiertas en el PJ con los cacerolazos que se reprodujeron en todo el país anteanoche. Cuatro gobernadores peronistas habían pedido por la mañana que la Casa Rosada retomara el diálogo con el campo.
El matrimonio presidencial se repartió el trabajo de reaccionar a la peor noche de sus cinco años en el poder. A media tarde, Néstor Kirchner citó una conferencia de prensa –algo casi sin precedente en su historia– para ratificar el acto de hoy en la Plaza de Mayo “en apoyo del Gobierno y la democracia”. Allí, defendió a ultranza las retenciones y acusó a los caceroleros de “contar con logística de sectores ligados a la represión ilegal”.
Una hora después, Cristina Kirchner comunicó su decisión de que el tema fuera tratado en el Congreso. Dijo que lo hacía “porque [a los que reclaman] no les basta con esta presidenta que hace seis meses obtuvo el 46% de los votos”.
El proyecto de ley repite el contenido de la resolución que impuso las retenciones móviles y el del decreto de la semana pasada por el cual se asignó a un fondo de obras públicas la recaudación correspondiente al aumento de la alícuota. Los legisladores, entonces, sólo podrán decir si están de acuerdo o no con las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo. “Si no hay debate, las protestas van a reavivarse”, advirtió una fuente del sector rural.
Siga layendo el artículo del diario La Nación de Buenos Aires
El giro fue presentado en un contexto de duras críticas al agro y a la prensa. Alcanzó para descomprimir ayer las protestas callejeras, pero apenas despertó una tibia expectativa en las entidades ruralistas. Los dirigentes consideraron “positivo” el inicio de un debate legislativo sobre la medida que originó la crisis, pero ratificaron el paro hasta la medianoche de hoy. En reserva, sugirieron que podrían estar ante “una trampa” dado que el proyecto sólo admite la ratificación o el rechazo y no permite cambio alguno de las medidas adoptadas.
El anuncio oficial apuntó en buena medida a emparchar las grietas abiertas en el PJ con los cacerolazos que se reprodujeron en todo el país anteanoche. Cuatro gobernadores peronistas habían pedido por la mañana que la Casa Rosada retomara el diálogo con el campo.
El matrimonio presidencial se repartió el trabajo de reaccionar a la peor noche de sus cinco años en el poder. A media tarde, Néstor Kirchner citó una conferencia de prensa –algo casi sin precedente en su historia– para ratificar el acto de hoy en la Plaza de Mayo “en apoyo del Gobierno y la democracia”. Allí, defendió a ultranza las retenciones y acusó a los caceroleros de “contar con logística de sectores ligados a la represión ilegal”.
Una hora después, Cristina Kirchner comunicó su decisión de que el tema fuera tratado en el Congreso. Dijo que lo hacía “porque [a los que reclaman] no les basta con esta presidenta que hace seis meses obtuvo el 46% de los votos”.
El proyecto de ley repite el contenido de la resolución que impuso las retenciones móviles y el del decreto de la semana pasada por el cual se asignó a un fondo de obras públicas la recaudación correspondiente al aumento de la alícuota. Los legisladores, entonces, sólo podrán decir si están de acuerdo o no con las decisiones que tomó el Poder Ejecutivo. “Si no hay debate, las protestas van a reavivarse”, advirtió una fuente del sector rural.
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