En un golpe mayúsculo a una de las más controvertidas políticas de seguridad nacional del presidente George W. Bush, la Corte Suprema concluyó ayer que los detenidos en Guantánamo gozarán del derecho a recurrir a la justicia federal norteamericana. Reafirmó así la vigencia a ultranza de la Constitución y ordenó, por tanto, que incluso los “combatientes enemigos” pueden aspirar a un juicio justo ante los tribunales civiles estadounidenses.
La histórica decisión, el fallo más severo de los tres pronunciados por el máximo tribunal en contra del trato que reciben los presos de Guantánamo, llegó tras un farragoso debate que concluyó con la Corte tan dividida como lo están los principales líderes políticos.
Mientras que cinco miembros reafirmaron los derechos de los detenidos y fueron elogiados por el candidato demócrata, Barack Obama, otros cuatro jueces votaron en disidencia y recibieron el respaldo de Bush y del candidato republicano, John McCain, que aun así reiteró que cerrará la cárcel si llega a la Casa Blanca.
"Las leyes y la Constitución están diseñadas para sobrevivir y continuar vigentes durante tiempos extraordinarios", argumentó Anthony Kennedy, un juez de perfil conservador e independiente, cuya visión fue compartida por el sector más progresista del tribunal: Ruth Bader Guinsburg, John Stevens, Stephen Breyer y David Souter.
Al sacudir los cimientos de Guantánamo, donde, según admite la propia Casa Blanca, los combatientes no tenían derecho alguno, el fallo también reafirmó la vigencia de la independencia judicial y la separación de poderes en este país, ya que refutó tanto al gobierno como al Congreso, que aprobó una polémica ley en 2006.
"Sostener que los poderes políticos [el Ejecutivo y el Legislativo] pueden activar o desactivar la Constitución llevaría a un régimen en el que ellos, no esta Corte, diría «qué es ley y qué no»", sostuvo Kennedy, y reafirmó una sentencia de 1803, que fijó la potestad del máximo tribunal para revisar los actos legislativos.
El voto en minoría abarcó al bloque más conservador de la Corte, conformado por su presidente John Roberts, Samuel Alito (los dos propuestos por Bush), y Clarence Thomas y Antonin Scalia.
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La histórica decisión, el fallo más severo de los tres pronunciados por el máximo tribunal en contra del trato que reciben los presos de Guantánamo, llegó tras un farragoso debate que concluyó con la Corte tan dividida como lo están los principales líderes políticos.
Mientras que cinco miembros reafirmaron los derechos de los detenidos y fueron elogiados por el candidato demócrata, Barack Obama, otros cuatro jueces votaron en disidencia y recibieron el respaldo de Bush y del candidato republicano, John McCain, que aun así reiteró que cerrará la cárcel si llega a la Casa Blanca.
"Las leyes y la Constitución están diseñadas para sobrevivir y continuar vigentes durante tiempos extraordinarios", argumentó Anthony Kennedy, un juez de perfil conservador e independiente, cuya visión fue compartida por el sector más progresista del tribunal: Ruth Bader Guinsburg, John Stevens, Stephen Breyer y David Souter.
Al sacudir los cimientos de Guantánamo, donde, según admite la propia Casa Blanca, los combatientes no tenían derecho alguno, el fallo también reafirmó la vigencia de la independencia judicial y la separación de poderes en este país, ya que refutó tanto al gobierno como al Congreso, que aprobó una polémica ley en 2006.
"Sostener que los poderes políticos [el Ejecutivo y el Legislativo] pueden activar o desactivar la Constitución llevaría a un régimen en el que ellos, no esta Corte, diría «qué es ley y qué no»", sostuvo Kennedy, y reafirmó una sentencia de 1803, que fijó la potestad del máximo tribunal para revisar los actos legislativos.
El voto en minoría abarcó al bloque más conservador de la Corte, conformado por su presidente John Roberts, Samuel Alito (los dos propuestos por Bush), y Clarence Thomas y Antonin Scalia.
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