La posibilidad de tener que pagar, por primera vez, subsidios a las empresas de distribución de electricidad llevó ayer al Gobierno a tomar una medida prevista en realidad, según el cronograma oficial, para agosto de 2006: un aumento en las tarifas residenciales. La decisión, anunciada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, supone un alza de entre un 10 y un 30% para los usuarios de mayores consumos de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, e involucra a más de un millón de clientes/hogares o, lo que es lo mismo, a más de cuatro millones de personas.
Se aplicará desde el 1° de este mes para los domicilios con demanda superior a los 650 kW/h por bimestre, un 24% de los consumidores del área metropolitana. A partir de ese segmento, las tarifas subirán gradualmente hasta un 30 por ciento. También los comercios y la industria están involucrados: sus facturas se encarecerán un 10 por ciento.
La decisión emerge en el momento de mayor debilidad política de la Casa Rosada desde 2003 y fue tomada hace dos semanas, un día después de la votación del Congreso, que terminó con el no del vicepresidente Julio Cobos a las retenciones móviles. Alguien que habló varias veces en las últimas semanas con el matrimonio Kirchner y con De Vido sorprendió días atrás a LA NACION: "Varios funcionarios, incluido De Vido, estaban aliviados por lo de Cobos".
Más que en el fin de la tensión con el campo, hay que buscar las razones del alza de tarifas -la primera en siete años para los hogares- en las necesidades de caja. Edenor, Edesur y Edelap, las distribuidoras del área, soportaban desde hacía seis meses problemas para pagar sueldos y, más aún, el alza salarial del 20% negociada con el sindicato de Luz y Fuerza, que rige desde hoy. De los $ 300 millones adicionales por año que supone la medida para las tres distribuidoras, más de la mitad irá a pagar ese 20% de suba salarial.
Nadie admitirá esto en público. La presentación distribuida ayer por De Vido iba en sentido contrario. "El 100% de estos incrementos -dice- se aplicará a un plan de inversiones para ampliaciones y mejoras de la red eléctrica." Pero las empresas creen otra cosa. Y el propio De Vido se acercó bastante al asunto cuando afirmó, en una breve conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario de Energía, Daniel Cameron: "El objetivo central de la medida es evitar la aplicación de nuevos subsidios al consumo de la energía eléctrica. De no aplicar esta modificación tarifaria, el Estado tendría que empezar a aplicar recursos en la infraestructura de distribución, porque las empresas no podían hacerlo, dado que estaban al máximo de su capacidad operativa".
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Se aplicará desde el 1° de este mes para los domicilios con demanda superior a los 650 kW/h por bimestre, un 24% de los consumidores del área metropolitana. A partir de ese segmento, las tarifas subirán gradualmente hasta un 30 por ciento. También los comercios y la industria están involucrados: sus facturas se encarecerán un 10 por ciento.
La decisión emerge en el momento de mayor debilidad política de la Casa Rosada desde 2003 y fue tomada hace dos semanas, un día después de la votación del Congreso, que terminó con el no del vicepresidente Julio Cobos a las retenciones móviles. Alguien que habló varias veces en las últimas semanas con el matrimonio Kirchner y con De Vido sorprendió días atrás a LA NACION: "Varios funcionarios, incluido De Vido, estaban aliviados por lo de Cobos".
Más que en el fin de la tensión con el campo, hay que buscar las razones del alza de tarifas -la primera en siete años para los hogares- en las necesidades de caja. Edenor, Edesur y Edelap, las distribuidoras del área, soportaban desde hacía seis meses problemas para pagar sueldos y, más aún, el alza salarial del 20% negociada con el sindicato de Luz y Fuerza, que rige desde hoy. De los $ 300 millones adicionales por año que supone la medida para las tres distribuidoras, más de la mitad irá a pagar ese 20% de suba salarial.
Nadie admitirá esto en público. La presentación distribuida ayer por De Vido iba en sentido contrario. "El 100% de estos incrementos -dice- se aplicará a un plan de inversiones para ampliaciones y mejoras de la red eléctrica." Pero las empresas creen otra cosa. Y el propio De Vido se acercó bastante al asunto cuando afirmó, en una breve conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el secretario de Energía, Daniel Cameron: "El objetivo central de la medida es evitar la aplicación de nuevos subsidios al consumo de la energía eléctrica. De no aplicar esta modificación tarifaria, el Estado tendría que empezar a aplicar recursos en la infraestructura de distribución, porque las empresas no podían hacerlo, dado que estaban al máximo de su capacidad operativa".
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