Con una declaración de apoyo unánime al gobierno de Evo Morales, y el compromiso de enviar una delegación aún por conformar para conocer la crisis que vive ese país, concluyó la maratónica cita de más de seis horas sostenida por los jefes de gobierno y delegados de las doce naciones sudamericanas que conforman la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y que se reunieron de forma urgente este lunes en el palacio de La Moneda en Santiago.
En medio de una gran batahola periodística, los mandatarios comenzaron a abandonar la sede del Ejecutivo, algunos de ellos adelantando señas de los puntos del acuerdo.
Finalmente, pasadas las 22:00 horas, fue la presidenta Michelle Bachelet, en su calidad de presidenta pro témpore de la Unasur, la que leyó en el Patio de Las Camelias la llamada "Declaración de La Moneda", tras hacer consideraciones en torno a las "dolorosas experiencias anteriores de crisis políticas" vividas por la región, y afirmando que "no existe circunstancia alguna que justifique la violación a los derechos humanos para conseguir un objetivo político".
Tras ello, dio lectura al texto de nueve puntos acordado unánimemente, que parte "recordando los trágicos episodios que hace 35 años en este mismo lugar conmocionaron a toda la humanidad", en alusión al golpe de estado de 1973 en Chile.
La declaración de la Unasur manifiesta en sus tres primeros puntos su "pleno y decidido respaldo al gobierno institucional del presidente Evo Morales", destacando que recientemente fue ratificado "por amplia mayoría" en el referéndum revocatorio; advierte su "rechazo enérgico" y anticipa que "no reconocerá cualquier situación que implique un intento de golpe civil, ruptura institucional o que comprometa la integridad territorial" de Bolivia; y condena los ataques a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública que buscan desestabilizar el país, señalando que el cese de estas acciones es "condición para el inicio de un proceso de diálogo".
El texto hacia además "un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados a que tomen todas las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de violencia, intimidación y desacato a la institucionalidad democrática al orden jurídico establecido".
La declaración además expresa de parte de los gobiernos reunidos su "más firme condena a la masacre que se vivió en el departamento de Pando, y respaldan el llamado realizado por el Gobierno boliviano para que una comisión de Unasur pueda constituirse en el país para realizar una investigación imparcial, que permita esclarecer a la brevedad este suceso y formular recomendaciones de tal manera de garantizar que el mismo no quede en la impunidad".
Asimismo, los jefes de estado "hacen un llamado al diálogo para establecer las condiciones que permitan superar la actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable en el marco del pleno respeto al Estado de derecho y al orden legal vigente".
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En medio de una gran batahola periodística, los mandatarios comenzaron a abandonar la sede del Ejecutivo, algunos de ellos adelantando señas de los puntos del acuerdo.
Finalmente, pasadas las 22:00 horas, fue la presidenta Michelle Bachelet, en su calidad de presidenta pro témpore de la Unasur, la que leyó en el Patio de Las Camelias la llamada "Declaración de La Moneda", tras hacer consideraciones en torno a las "dolorosas experiencias anteriores de crisis políticas" vividas por la región, y afirmando que "no existe circunstancia alguna que justifique la violación a los derechos humanos para conseguir un objetivo político".
Tras ello, dio lectura al texto de nueve puntos acordado unánimemente, que parte "recordando los trágicos episodios que hace 35 años en este mismo lugar conmocionaron a toda la humanidad", en alusión al golpe de estado de 1973 en Chile.
La declaración de la Unasur manifiesta en sus tres primeros puntos su "pleno y decidido respaldo al gobierno institucional del presidente Evo Morales", destacando que recientemente fue ratificado "por amplia mayoría" en el referéndum revocatorio; advierte su "rechazo enérgico" y anticipa que "no reconocerá cualquier situación que implique un intento de golpe civil, ruptura institucional o que comprometa la integridad territorial" de Bolivia; y condena los ataques a instalaciones gubernamentales y a la fuerza pública que buscan desestabilizar el país, señalando que el cese de estas acciones es "condición para el inicio de un proceso de diálogo".
El texto hacia además "un llamado a todos los actores políticos y sociales involucrados a que tomen todas las medidas necesarias para que cesen inmediatamente las acciones de violencia, intimidación y desacato a la institucionalidad democrática al orden jurídico establecido".
La declaración además expresa de parte de los gobiernos reunidos su "más firme condena a la masacre que se vivió en el departamento de Pando, y respaldan el llamado realizado por el Gobierno boliviano para que una comisión de Unasur pueda constituirse en el país para realizar una investigación imparcial, que permita esclarecer a la brevedad este suceso y formular recomendaciones de tal manera de garantizar que el mismo no quede en la impunidad".
Asimismo, los jefes de estado "hacen un llamado al diálogo para establecer las condiciones que permitan superar la actual situación y concertar la búsqueda de una solución sustentable en el marco del pleno respeto al Estado de derecho y al orden legal vigente".
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