La acusación hecha pública ayer por una grabación filmada por el abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, horas antes de ser asesinado, creó la más grave crisis política de la actual democracia del país, porque nunca antes un presidente de la República electo de manera libre había sido señalado de participar de forma directa o indirecta en un asesinato, precisamente el de quien filmó la denuncia, que incluye a la esposa del mandatario y a uno de sus principales colaboradores, así como a autoridades del Banrural, institución bancaria utilizada para muchas de las transacciones del Gobierno.
La reacción gubernativa fue rápida, pero no adecuada. Ante la gravedad de las acusaciones, la posición oficial debió haber sido manifestada de manera directa por el presidente Colom, no por su vocero. Por aparte, las promesas gubernativas necesitan ser cumplidas al pie de la letra: pedir que la Cicig y países o entidades internacionales colaboren en la investigación. No hacerlo tendría efectos devastadores para este gobierno. Sin duda.
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La reacción gubernativa fue rápida, pero no adecuada. Ante la gravedad de las acusaciones, la posición oficial debió haber sido manifestada de manera directa por el presidente Colom, no por su vocero. Por aparte, las promesas gubernativas necesitan ser cumplidas al pie de la letra: pedir que la Cicig y países o entidades internacionales colaboren en la investigación. No hacerlo tendría efectos devastadores para este gobierno. Sin duda.
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