El presidente Colom, acusado del crimen, declara que no piensa dimitir. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) colaborará en la investigación del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, dado que se trata de un caso "que afecta la gobernabilidad del país", según anunció ayer el fiscal español Carlos Castresana, que dirige esa misión auspiciada por la ONU. Rosenberg, un jurista prestigioso, fue tiroteado el pasado domingo. Horas después, salía a la luz un vídeo en el que el propio abogado anticipaba su asesinato y culpaba directamente al presidente guatemalteco, Álvaro Colom; a su mujer, Sandra, y a varios funcionarios, a los que acusaba de desvío de fondos y lavado de dinero en el Banco Rural de Desarrollo (Banrural), la principal entidad bancaria del país. Esta trama, añadía Rosenberg, estaba también detrás del asesinato, un mes antes, del empresario Khalil Musa, miembro de la junta directiva de Banrural, con quien Rosenberg sostenía una relación profesional y de amistad.
El vídeo ha desatado una tormenta política sin precedentes. Todos los sectores exigen una investigación independiente y las miradas se han dirigido a la Cicig, depositaria de las escasas esperanzas de que se llegue al fondo del asunto en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes. El margen de maniobra, sin embargo, no es amplio: la contraparte es una fiscalía y un sistema judicial sin la menor credibilidad.
El propio Colom pidió formalmente la intervención de la Cicig. Castresana aclaró que había aceptado la tarea a condición de que no hubiera "presiones o recomendaciones". Pero el primer traspiés ocurrió ayer mismo: el diario Prensa Libre fotografió al fiscal general, Amílcar Velásquez, saliendo de una oficina privada del presidente, en el mismo barrio donde sucedió el crimen. Colom aseguró que se trataba de una reunión ordinaria, sin relación con el caso, pero pocos le han creído, a tenor de los comentarios editoriales.
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El vídeo ha desatado una tormenta política sin precedentes. Todos los sectores exigen una investigación independiente y las miradas se han dirigido a la Cicig, depositaria de las escasas esperanzas de que se llegue al fondo del asunto en un país donde el 98% de los crímenes quedan impunes. El margen de maniobra, sin embargo, no es amplio: la contraparte es una fiscalía y un sistema judicial sin la menor credibilidad.
El propio Colom pidió formalmente la intervención de la Cicig. Castresana aclaró que había aceptado la tarea a condición de que no hubiera "presiones o recomendaciones". Pero el primer traspiés ocurrió ayer mismo: el diario Prensa Libre fotografió al fiscal general, Amílcar Velásquez, saliendo de una oficina privada del presidente, en el mismo barrio donde sucedió el crimen. Colom aseguró que se trataba de una reunión ordinaria, sin relación con el caso, pero pocos le han creído, a tenor de los comentarios editoriales.
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