
Después de una semana en la que el Gobierno insitió en deslindar en la Justicia la responsabilidad por la permanencia del corte del puente que une Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, el juez federal subrogante de Concepción del Uruguay dispuso ayer que se garantice el libre tránsito en ese paso internacional.
El juez Gustavo Pimentel recordó, de todos modos, que ya existían tres órdenes judiciales para liberar el puente internacional General San Martín, interrumpido en forma permanente desde 2006, y que el Gobierno no había actuado en consecuencia.
Luego de reunirse con la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, informó anoche que el Gobierno cumplirá la orden judicial sin reprimir. "Vamos a cumplir el fallo, por medio de la Gendarmería, garantizando la seguridad de las personas que están en el corte", sostuvo en la Casa Rosada.
En Gualeguaychú reinaba anoche la incertidumbre y el estado de alerta entre los asambleístas: dijeron que iniciarían una "resistencia pacífica", además de convocar a una asamblea de urgencia para decidir los próximos pasos.
"Si hay violencia será por parte de la Gendarmería. Los ciudadanos de Gualeguaychú no vamos a hacer ninguna agresión", dijo la abogada de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Ana Angelini. La decisión judicial se produjo una semana después de la reunión entre la presidenta Cristina Kirchner con su par de Uruguay, José Mujica, en la que se acordó que en 60 días se deberá definir el monitoreo conjunto del impacto ambiental de la pastera UPM (ex Botnia), ubicada en la localidad uruguaya de Fray Bentos. Fue tras ese encuentro que Cristina Kirchner condenó el corte y pidió una rápida decisión judicial.
El juez Pimentel recordó que existían tres órdenes judiciales para liberar el puente internacional, dos dictadas en 2006 y una en 2007. Explicó que no se habían cumplido porque el Gobierno entendió que no era la oportunidad política para hacerlo.
Randazzo dijo anoche que la Gendarmería Nacional informará del fallo a la gente que esté en el piquete y a los que se nieguen a abandonar el puente se les tomarán los datos personales y se los enviará a la Justicia. "A partir de ahí, el juez decidirá qué determina con las personas que se nieguen a cumplir la orden judicial", informó Randazzo.


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