Tras una gran expectativa, la Corte Constitucional falló el martes pasado en contra del convenio militar entre Colombia y Estados Unidos para el uso de siete bases militares por tropas de la superpotencia. Por una mayoría de 6 a 3, el máximo tribunal determinó que este acuerdo, firmado en octubre del año pasado, constituía de hecho un nuevo tratado internacional y requería ser debatido en el Congreso de la República y pasar a control constitucional.
El polémico documento, que desató una severa crisis diplomática con Venezuela y en la que Colombia enfrentó la ira de los países de la región, contemplaba que barcos y aviones estadounidenses usaran las instalaciones nacionales, las aeronaves sobrevolaran el territorio sin ser inspeccionadas y los contratistas y militares extranjeros gozaran de inmunidad diplomática. Aunque necesario para regular actividades de seguridad en marcha y un valioso activo de negociación del Gobierno para el futuro de la cooperación con Washington, el convenio contó con un desafortunado manejo diplomático, que aprovecharon países vecinos, en especial Venezuela y Brasil, para fortalecer sus agendas exteriores y cobrarle a Colombia su condición de aliado suramericano de Estados Unidos
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