La vigencia del Tratado de Lisboa agrava la falta de firmeza de Barroso ante las expulsiones gitanas. Si el presidente de la Comisión Europea cree que con un lacrimógeno llamamiento a "no despertar los fantasmas del pasado", como el que ayer dirigió, sin nombrarlo, al Gobierno francés desde el Parlamento Europeo a propósito de la deportación de gitanos, ha cumplido con sus obligaciones, es que Durão Barroso vive en la inopia. Su inane queja contrasta con la firmeza demostrada por su antecesor, Romano Prodi, frente al acceso del ultraderechista Haider al Gobierno austriaco. Y es tanto más de lamentar en el año de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que se suponía crucial para el desarrollo de la UE y que contiene una Carta de Derechos Fundamentales plenamente constitucionalizada.
Si resulta mordaz que París señale la efemérides violando los derechos de la minoría gitana, todavía es peor que la Comisión, guardiana legal de los Tratados, reduzca esta obligación a mera retórica. La reprimenda ayer a Francia del Parlamento Europeo, con la excepción del PP y apenas un centenar de diputados en los escaños, no añade especial intensidad a la general indiferencia de las instituciones y los líderes de la UE por una situación lacerante.
La expulsión de gitanos ordenada por Nicolas Sarkozy, más de 8.000 en lo que va de año, además de atentar contra la Constitución francesa violenta media docena de artículos de la nueva Carta europea de derechos. Muy directamente el 19, por el cual "se prohíben las expulsiones colectivas"; el 22, que ordena respetar la "diversidad cultural"; y el 45, que defiende el "derecho a la libre circulación y residencia". La Carta no obliga únicamente a las instituciones comunitarias, sino también "a los Estados miembros cuando apliquen el derecho de la Unión".
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