El presidente Ollanta Humala ha dejado en claro que Antauro Humala –su hermano– es un reo sentenciado penalmente. Recordemos que fue hallado culpable de delitos como el secuestro y la toma de la comisaría de Andahuaylas, en un episodio que les costó la vida a cuatro policías que defendían el orden, la ley y el Estado de derecho. “Mi hermano no es un preso político, porque así lo ha decidido la justicia y hay que respetar los poderes del Estado”, dijo enfático.
En el Perú, reiteramos, no hay presos políticos ni de conciencia y, por tanto, Antauro Humala no lo es de ninguna manera. El propio prisionero y su defensa legal –encabezada por el patriarca de la familia, don Isaac Humala– quieren hacerlo aparecer así.
La persistente campaña del prisionero intenta confundir a la opinión pública nacional y extranjera, e incluye intolerables amenazas al gobierno de su hermano.
Antauro Humala, cabecilla del movimiento reservista etnocacerista, ha pretendido dejar entrever que maneja buena parte de los conflictos sociales que han escalado en las últimas semanas. Esto en entrevistas que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dicen desconocer, no haber autorizado y que tampoco saben cómo se habrían coordinado y realizado. Bueno sería empezar por revisar la lista de visitantes del sedicioso Antauro, a quiénes recibe con regularidad y si existe alguna conexión –como se traduce del dicho de Antauro– con las crisis desatadas en Andahuaylas y otros puntos de nuestro país.
El Gobierno tiene que ser el primero en hacer cumplir la ley, defender la legalidad y respetar la autonomía del resto de poderes. No solo porque es un mandato constitucional, sino también porque de ello depende alcanzar sus objetivos de crecimiento con inclusión social, dentro del orden, la legalidad y la paz.
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