viernes, diciembre 21, 2012

El Gobierno busca frenar el efecto contagio de saqueos en Argentina

La mayor preocupación en el gobierno de Cristina Kirchner, luego de los saqueos de supermercados en Bariloche, es el potencial efecto contagio. Desde la Casa Rosada hubo llamados a la mayoría de los gobernadores con el pedido de que ajustaran los controles y la seguridad en sus provincias para que la tensión no se propagara.

 

De hecho, los incidentes se extendieron al caer la tarde a supermercados de Campana, Rosario y Chaco. La Presidenta mantenía anoche contactos desde El Calafate con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y con otros funcionarios. Había gran preocupación.

Cristina Kirchner había viajado al Sur poco después del mediodía para celebrar allí la Navidad, y tiene previsto regresar el miércoles. Al llegar a su residencia particular, la Presidenta recibió preocupantes informes del jefe de Gabinete y le ordenó dos cosas: enviar 400 gendarmes a Bariloche para contener la crisis y acelerar un anuncio de alto impacto político: la estatización del predio de la Rural.


El objetivo de esto último era instalar otra noticia que compitiera en la agenda pública con el caos barilochense. Y no sólo eso. "Hay que tapar lo de Bariloche y lo de Boudou", reconoció a LA NACION un funcionario de la Casa Rosada.

Se refería la segunda preocupación oficial: la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de convalidar y continuar la investigación al vicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone. Ese tribunal rechazó los pedidos de la defensa de Boudou para declarar la nulidad de las declaraciones de la testigo Laura Muñoz, ex esposa de Alejandro Vandenbro ele, a quien acusó como "testaferro" del vicepresidente (de lo que se informa por separado).
 
"Estas fechas son complicadas. La Navidad sensibiliza a los sectores más postergados y estamos cuidando que los efectos no se expandan a otras provincias. Que no tomen el ejemplo. Se les está pidiendo a todos los gobernadores que ajusten los controles y tomen las precauciones necesarias", confió una fuente allegada a la Presidenta.

Los gobernadores conversaban ayer con Abal Medina, comentó un funcionario de la Casa Rosada. El jefe del Gabinete tenía previsto viajar hoy a General Roca, Río Negro, para anunciar la construcción de una universidad nacional, pero suspendió el viaje por la tensión que se respira en la provincia a partir de los saqueos.

Después de anunciar el envío de 400 gendarmes a Bariloche, comandados por el subsecretario de Seguridad, Sergio Berni, Abal Medina presentó la estatización del predio de La Rural. Pero no aceptó preguntas sobre ninguno de los dos temas. Y se retiró raudamente de la Sala de Conferencias del segundo piso del palacio.

Sin embargo, el funcionario dejó una definición que revelaba la inquietud reinante: "Estamos más atentos que nunca para estar previendo cualquier tipo de situación de esta naturaleza". Sugirió que los sucesos podrían tener un armado político detrás.

El primero en advertir sobre una potencial "viralización" de los arrebatos había sido el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, que es rionegrino, y que se había reunido con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, por la mañana, y con el intendente de Bariloche, Omar Goye, por la tarde.

En un principio, en el Gobierno temieron que los saqueos fueran organizados por facciones del peronismo rionegrino que están en disputa. Es muy fuerte el enfrentamiento entre los sectores de Pichetto y de Weretilneck.

También se conjeturó la hipótesis de un complot policial tras la reciente eliminación de divisiones antidisturbios de esa fuerza, como BORA. Según Pichetto, fueron "grupos duros con posiciones anarquistas de extrema izquierda", vinculados con grupos originarios.

Pese al enfrentamiento entre ambos en la política local rionegrina, Pichetto le recomendó a Weretilneck que le pidiera al Gobierno el envío de las fuerzas federales, cosa que el mandatario hizo formalmente por carta.

En junio pasado, Cristina Kirchner había anunciado que no recurriría más a la Gendarmería Nacional para la contención de conflictos sociales provinciales. Esa decisión se produjo tras un trágico accidente en Chubut, en el que murieron nueve gendarmes.

Pero ayer cambió drásticamente de política ante una situación de extrema preocupación para su gobierno.

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